lunes, 17 de junio de 2013

Reforma energética, la batalla del siglo XXI

La izquierda institucional  ha advertido que no pasará reforma alguna que implique inversión privada ni competencia en hidrocarburos. Es posible que lance tal advertencia  para subir el precio de la negociación, y para ganar tiempo manteniendo  apaciguado al delirio populista que la acosa, mientras prepara su transformación en una socialdemocracia moderna.
Pero si la advertencia es seria y de principios, habría dos escenarios. En uno, se rompe el Pacto por México, se crea con ello  un ambiente que alimenta al extremismo, y campea la confrontación callejera que muchos acarician. En otro, no se rompe el Pacto por México, pero a cambio, el sector energético permanece monopolizado y estanco a la inversión privada; no le sirve a México, ni al gobierno. Supongamos por ahora que este segundo escenario se descarta.
Dando por descontado que la negociación con el PAN es más expedita dada su presumible afinidad con el sentido de los cambios constitucionales requeridos, es claro que el gobierno debe ofrecer algo muy atractivo a la izquierda institucional, como premio o incentivo, si es que ésta se decide y es capaz de emprender su propia reforma. O bien, debe estar dispuesto a dar la batalla, tanto en las calles como en la opinión pública, ejerciendo con  prudencia y en el marco de la ley,  pero con firmeza, la fuerza legítima del Estado. Sobre todo, debe hacer  acopio de municiones mediáticas y de persuasión o pedagogía colectiva sobre el imperativo y la racionalidad de la reforma. Debe prepararse para reclutar medios, analistas, y especialistas en comunicación política, y confeccionar una plataforma muy sólida de argumentos.
Será la verdadera batalla de las ideas por la modernización de México. Se trata, ni más ni menos, de codificar nuevos valores públicos en el imaginario nacional: No hay razón alguna para sostener monopolios en hidrocarburos, al igual que en todos los sectores o actividades económicas que no son monopolios naturales; la competencia es indispensable para lograr eficiencia y desarrollo tecnológico. PEMEX debe ser una empresa competitiva y transparente, controlada por el Estado, pero con inversión privada en la Bolsa Mexicana de Valores y sujeta a su disciplina. PEMEX no tiene capacidad para explorar y explotar por sí sola yacimientos complejos a grandes profundidades en el Golfo de México ni para desarrollar el potencial de gas de lutitas (shale gas), necesita alianzas como todas las grandes empresas petroleras del mundo. Empresas mexicanas y extranjeras deben sumarse al desarrollo del sector de hidrocarburos, para invertir, generar empleos bien pagados y elevar crecimiento económico a tasas superiores al 5% anual. Más vale tener el 80% de una renta petrolera creciente, que el 100% de una renta petrolera que decae y se disipa. Una empresa (PEMEX) no puede ser la administradora de la riqueza nacional en materia de hidrocarburos, sino la Comisión Nacional de Hidrocarburos. PEMEX debe competir sola o en alianzas por la explotación de las reservas petroleras y de gas a través de licitaciones, y pagar impuestos, derechos y regalías al igual que todas las empresas participantes. PEMEX debe ser una empresa integrada (exploración, explotación, refinación, gas, petroquímica básica) y liberada del yugo fiscal para desarrollar todo su potencial, lo cual implica llevar a cabo una reforma fiscal paralela (ya que aporta el 37% de los ingresos del Estado). Debe haber una estricta regulación ambiental y de riesgos de acuerdo a estándares internacionales, tanto en tierra como en el mar.
 Una buena argumentación con estos elementos por parte del gobierno, elevará los costos para la izquierda institucional de negarse a la reforma, pero le abrirá el espacio  para prevalecer sobre el populismo caudillista que la ha corrompido. De negarse, facilitará su derrota.
Para más información del estado del sector energético vea: http://fororeformaenergetica.com.mx/pdf/folleto-energia-final.pdf