lunes, 22 de abril de 2013

¿Para qué sirve la planeación en México?


Hay un frenesí de planificación. Se multiplican consultas y foros coordinados por altos funcionarios, consejos consultivos, y multitud de oradores y presentaciones en Power Point. Que si el Plan Nacional de Desarrollo (sí, con mayúsculas), que si el Programa General de Desarrollo Urbano (también con mayúsculas) en el DF. Luego vendrán en catarata todos los programas sectoriales para continuar el paroxismo planificador. Porque Plan, sólo hay uno, como Dios Padre; los demás son programas. Lo mandan los Artículos 25 y 26 Constitucionales vigentes y la Ley de Planeación, curiosamente alumbrados en tiempos de Miguel de la Madrid, a quien nadie hubiera podido acusar de estalinista. Hoy es un ejercicio obsoleto, híbrido entre lo que hacía Gosplan en la Unión Soviética y un happening de democracia directa, relaciones públicas, y ceremonial de autoafirmación y representación de relaciones de poder. ¿Sirven de algo los planes?
Cuesta trabajo imaginar gobiernos que llegan al poder sin saber qué hacer, sin una plataforma y un verdadero programa de gobierno, y que necesitan escuchar los deseos de todos para con ellos configurar sus decisiones. Si fuera así, habría que arrodillarnos y rezar. La planeación ¿llena el vacío que dejan campañas electorales huecas, sin contenidos y sin oferta política clara? ¿Sirve para cubrir nuestro déficit de racionalidad pública electoral?
Lo que intuimos es que los planes sirven de muy poco. Hay que sospechar que la realidad de gobierno los deroga desde el primer día, y que sólo adornan estanterías cuando están bien encuadernados. ¿Es verdad que planes y programas tienen un impacto en las decisiones de política pública y en la dinámica del desarrollo? Lo que se entrevé casi siempre es que los planes sólo codifican, en el mejor de los casos, decisiones que se han tomado con anterioridad y que se hubieran dado de cualquier manera, para bien o para mal. La planeación debe ser evaluada a partir de su impacto causal o de las consecuencias objetivas que tenga sobre los patrones de crecimiento y desarrollo, sobre la estructura del gasto público, y sobre los incentivos (regulaciones, impuestos) que determinan las conductas de los actores económicos. Existe poca evidencia, pero la simple observación nos indica que en México tales consecuencias son nulas o muy poco significativas. Se impone una pregunta contra-factual: ¿las cosas hubieran sido diferentes en ausencia del plan? Puede asegurarse que no. Lo ocurrido durante un gobierno ¿puede atribuirse al contenido del plan? Pues tampoco. Bueno, pero se diría que la planeación también tiene el objetivo de hacer emerger consensos y de crear por tanto cierto capital social. Esto puede concederse, aunque hay formas mejores y más eficientes de lograrlo. (Millard-Ball, A. 2012. "The limits to planning, causal impacts of city climate action plans."JPER.)
Es posible admitir que la planeación persigue igualmente coordinar decisiones interdependientes o intersectoriales al interior del sector público, o frente a otros actores, cuando hay altos costos de transacción. Puede ser. También puede ser que con la planeación se busque modificar las percepciones, preferencias, o la información que tiene la ciudadanía con la finalidad de darle viabilidad a decisiones pre-establecidas. Esto suena más lógico, junto con la posibilidad de que sean un disuasivo, es decir, que  le genere costos políticos a quienes no se ajusten a decisiones tomadas previamente y que serán consagradas en los planes. En fin, la verdad es que no sabemos. Sería muy bueno que nos aclararan para qué sirve la planeación en México.


lunes, 8 de abril de 2013

Sustentabilidad, fuera del gabinete


Hay un contraste gris y silencioso en el espectacular arranque del Gobierno Federal: la ausencia, hasta ahora, de una visión de sustentabilidad  ambiental a largo plazo para México. El tema ha quedado fuera de su foco de atención. En el siglo XXI, la competitividad de un país, su dinámica de desarrollo a largo plazo,  su prestigio y liderazgo internacional, e incluso, escenarios de seguridad nacional, están íntimamente articulados a  políticas de sustentabilidad como tejido conector de un proyecto nacional coherente y viable. Son políticas que por naturaleza exigen mecanismos eficaces de coordinación entre instancias del gobierno federal, y entre éstas y los gobiernos estatales y municipales. En México, exigen pues, un Gabinete de Sustentabilidad. Se ha olvidado.

En esta semana la Presidencia de la República anunció los ejes de gobierno que darán forma a la administración federal, definidos en gabinetes especializados: seguridad, política social, educación, economía, y política exterior (planteados oficialmente con nombres más evocadores). Serán presididos por los secretarios de Gobernación, Desarrollo Social, Educación, Hacienda, y Relaciones Exteriores. Nada de sustentabilidad, desafío inherentemente  transversal y multidisciplinario,  vital para el futuro de un país  atribulado y con altísima responsabilidad global en materia ambiental. En México, al parecer, la agenda de sustentabilidad se cotiza muy a la baja. Nota negativa, diría alguna calificadora.

Sin un sistema de coordinación a escala de gabinete especializado, cómo ensamblar una política de ciudades (para un país que es y será eminentemente urbano), de funcionalidad y estructura urbana, de vivienda,  transporte y servicios públicos. Será imposible contener y revertir la deforestación del territorio nacional, y la destrucción de la biodiversidad terrestre y marina, explicables en lo fundamental por políticas agropecuarias y pesqueras ambientalmente perversas de subsidio y fomento, al igual que por instrumentos mal diseñados  de combate a la pobreza. En este vacío,  es también  inútil pensar el ordenamiento territorial y el manejo sostenible de mares y costas, en lo que deben concurrir numerosas secretarías y todos los órdenes de gobierno. El desarrollo ambientalmente sostenible de la minería como nueva actividad motriz de nuestra economía (al igual que  en el Perú, y en Chile) quedará en entredicho y sujeta a incertidumbre generalizada y conflictos paralizantes.

Será muy riesgoso emprender proyectos ambiciosos de infraestructura (como el nuevo aeropuerto en Texcoco) donde las variables ambientales son de carácter crítico. La política industrial carecerá de una dimensión verde esencial para su competitividad y cadenas de valor sostenibles. La escasez de agua se agudizará por sequías y  contaminación e inutilización consecuente de recursos hídricos, mientras ecosistemas acuáticos y cuencas completas se sumen en un total desastre ambiental, como  Lerma, Zahuapan, Atoyac, Apatlaco  y muchas más; sin un enfoque intersectorial de política es fantasioso confrontar exitosamente estos problemas. Cómo hacer prevalecer los intereses ambientales de México en foros multilaterales (cambio climático, mares, biodiversidad) y comerciales, y en las relaciones bilaterales con Estados Unidos, Guatemala y Belice en materia de  recursos naturales, sin un mecanismo de coordinación gubernamental. La política energética, la política fiscal, y de precios de los energéticos, parámetros canónicos para un desarrollo sostenible, carecerán de imperiosos contenidos ambientales.

Algo similar se anticipa en sectores clave como el turismo y la educación. ¿Cómo piensa el gobierno enfrentar estos desafíos? O, es que no lo ha pensado.
Es preciso que la omisión se corrija. Que se de a SEMARNAT el liderazgo necesario y la oportunidad de salir de su silencio y aislamiento. Para ello, un Gabinete de Sustentabilidad es indispensable. En verdad, México realmente lo necesita.