Dos venas sobresalientes de gobierno ha tenido la Ciudad de México en los últimos quince años. Una ha sido la redistribución de ingreso a diversos sectores sociales por medio de una vasta panoplia de subsidios, otorgados con cierta racionalidad pública o con evidente intencionalidad clientelar. Otra, la construcción de grandes obras de infraestructura vial, a cargo del erario o con inversión privada. Parece obvio que ambas venas están agotadas como vehículo eficaz de legitimación. Más aún, cuando en el lado obscuro de tres lustros de administraciones de izquierda se ha gestado la impunidad como patrón de convivencia cada vez más ubicuo; y mientras se ha permitido el deterioro de infraestructuras y del espacio público, abandonado responsabilidades elementales de intendencia urbana, degradado el capital natural y valores ambientales vitales, y agudizado la escasez de proyectos articulados de re-desarrollo y revitalización del tejido urbano. Es en estas cosas donde podría focalizar su voluntad el nuevo gobierno del Distrito Federal para crearse una huella digital propia adaptada a los verdaderos intereses de la ciudad. Más de lo mismo, no es opción.
Empieza a asumirse una visión de ciudad densa y compacta, eficiente, competitiva y sustentable (agregaríamos, bella). Pero es preciso avanzar de prisa desde ahí, no sólo porque los pasivos heredados intoxican a la opinión pública, sino como oportunidad para un gobierno local innovador (que de paso evite un contraste desfavorable con el ritmo casi frenético del Gobierno Federal). Dejando aparte el tema de seguridad pública, primerísimo entre todos, vale la pena apuntar algunos retos estratégicos que el GDF debe asumir plenamente en su agenda.
El primero es estrechar drásticamente los márgenes de impunidad donde se mueven numerosos grupos de interés en perjuicio de la ciudad. En ello, la recién ratificada alcaldesa de Lima, Perú, Susana Villaran, nos ha puesto ejemplo de arrojo y compromiso en dos aspectos críticos para el DF: una lucha frontal contra el ambulantaje y el comercio ilegal, y, la erradicación de mafias del transporte público en el contexto de su transformación institucional y tecnológica.
En paralelo es preciso crear ciudad. Para ello se requiere una cartera explícita de verdaderos proyectos urbanos, como intervenciones físicas virtuosas en el tejido de la ciudad capaces de relanzar el desarrollo hacia la verticalidad, la densificación, la recuperación de centros históricos, y la calidad y funcionalidad de nodos urbanos estratégicos, en especial, de centros de transferencia modal del transporte. El espacio público debe ser prioritario, como tejido conector de la ciudad y ámbito privilegiado de convivencia social, creador de identidades y de orgullo local, lugar ubicuo de oferta cultural, y activo esencial para los más pobres. Se trata de un esfuerzo masivo por liberar calles, parques y plazas del infame comercio informal; hacer nuevas calles peatonales y áreas deportivas; de rehabilitar aceras, jardines, arbolado y pavimentos; asegurar iluminación confiable y un aseo urbano minucioso; combatir el grafiti; regular la publicidad exterior; mobiliario urbano de calidad; parquímetros...
Algo olvidado pero imprescindible son las zonas de conservación ecológica, parques nacionales, y bosques urbanos, que a gritos demandan su rescate de manos de la incuria y la corrupción (Xochimilco, Tláhuac, el Ajusco, el Desierto de los Leones, Chapultepec). Y, desde luego, habrá que continuar ampliando la infraestructura básica de transporte (metro, Metrobús, túnel a Santa Fe), y de agua, para ofrecer un servicio público de calidad, y proteger a la ciudad contra inundaciones. En todos los casos, son indispensables sólidas capacidades directivas y ejecutoras.
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