lunes, 28 de enero de 2013

Ciudad de México, que valga la pena gobernarla


Esperemos que la Ciudad de México se empiece a mover pronto, y deje atrás cierta histeria sobre la  estatua de un obscuro personaje (como las hay muchas), y sobre perros asilvestrados. Además de  la seguridad pública, y del urgente restablecimiento de la legalidad y el estado de derecho, las políticas urbanas van a definir el verdadero perfil del gobierno de Miguel Ángel Mancera. Está muy bien que esta semana se haya integrado un consejo de desarrollo urbano, y que tanto el Jefe de Gobierno como el titular de la SEDUVI se hayan pronunciado abiertamente en favor de una ciudad densa y compacta, vertical y sustentable. Ya es un logro. Pero tiene que codificarse  en nuevas políticas; y sobre todo, en proyectos, a partir de capacidades de gran solvencia, tanto técnicas como de ejecución en el gobierno del DF.  Habrá que modificar igualmente  el andamiaje de facultades entre el gobierno central del DF, la ALDF y las delegaciones. La ciudad no merece estar a merced de una asamblea atascada en la ineptitud y el oportunismo, y guiada por intereses políticos facciosos; ni tampoco de las redes de corrupción y clientelismo consustanciales a gobiernos delegacionales efímeros (de sólo tres años). ¡Cuidado con la reforma política para el DF! La ciudad no puede fragmentarse jurisdiccionalmente aún más, ni sus engranes de gobernanza ser saturados de arena, como sacrificio a los dioses del formalismo pseudo-democrático. 
Se requiere ahora socializar una visión clara y a largo plazo para la ciudad: una ciudad compacta y densa; eficiente y competitiva; sustentable; poli-céntrica; segura; bajo el imperio de la legalidad; hermosa y funcional; y entretejida con espacios públicos de alta calidad, esenciales para el disfrute, la convivencia social y cívica, y la creación de identidades locales. Esta visión debe quedar plasmada en el  nuevo Programa General de Desarrollo Urbano, al igual que en los programas delegacionales y parciales. Pero la planeación sin proyectos y sin capacidades de ejecución, se reduce a un estéril ejercicio  onanista. Desde el Programa, el GDF debe asumir  una cartera de proyectos  estratégicos que concreten su visión y objetivos: intervenciones físicas  en el tejido de la ciudad, capaces de regenerar, reciclar, revitalizar y modificar el paisaje, así como la dinámica económica y social, y de irradiar ampliamente efectos virtuosos en sus inmediaciones.


Las oportunidades son grandes y con diferentes escalas de costo y complejidad política: Expandir y acelerar el exitoso rescate del Centro Histórico, incluyendo la demolición del infame mercado de la Merced - foco de infección urbana y social - y su reciclaje en vivienda mixta y servicios. Construir verdaderos centros de transferencia modal de transporte público (CETRAMS) modernos e invitantes, en sustitución de la inmundicia degradante que ofrecen Indios Verdes, Chapultepec, Universidad, Observatorio, Mixcoac, y Tacubaya.  El re-desarrollo de Insurgentes en el tramo que va de Reforma a Viaducto,  necrosado por inmuebles abandonados o subutilizados (de uno o dos niveles)  y en usos degradantes, a pesar del gigantesco potencial de valorización inmobiliaria que tiene. Lo mismo puede decirse de Avenida Chapultepec y de la calzada de Tlalpan, que poseen una densa infraestructura de transporte.  Cabeza de Juárez debería convertirse en un atractivo centro urbano para el oriente de la ciudad (Iztapalapa, Iztacalco). Tacuba podría recuperar su esplendor antiguo y popular extirpando al ambulantaje y con un programa serio de revitalización y mejora del espacio público, de inmuebles y fachadas. Los corredores del metrobús deben ser relanzados para su densificación, mientras que el nodo comercial de Avenida de la Paz-Revolución-Altavista en San Ángel exige a gritos un programa de reordenamiento vial, ampliación de aceras, rescate arquitectónico y mejora del espacio público. Los ejes viales pueden ser acondicionados con camellones arbolados, sin gran menoscabo para el tránsito, y multiplicarse las calles peatonales en el propio centro histórico (después del éxito de Madero),  y en otras zonas de centralidad urbana como Coyoacán, San Ángel, Santa María la Ribera, Azcapotzalco, Tacuba, Tlalpan, Iztapalapa. Los mercados públicos pueden ser objeto de dignificación y actualización funcional; y los bajo puentes,  recuperados no sólo para comercios o gasolineras, sino, por ejemplo, con instalaciones para jóvenes escatos (como ocurre en el de San Cosme y Circuito Interior).
Proyectos como los anteriores demandan liderazgo y habilidad negociadora, firmeza, determinación y pericia política. No sólo una sensibilidad informada y visionaria. Implican acciones de  compra o  expropiación de  predios, desalojo de vendedores ambulantes, confrontar o sumar a las delegaciones y a la ALDF, nuevas regulaciones, afectación de intereses creados, y fórmulas audaces de alianza público-privada. Eso, para que valga la pena gobernar.

martes, 22 de enero de 2013

CRISIS HIPOTECARIA Y URBANA

Ciudades y vivienda son un binomio clave para el desarrollo económico y la sustentabilidad del país. En la ciudad se dirimen la equidad, el bienestar social, y el abatimiento de la pobreza, así como la competitividad y el crecimiento de la economía. La política de vivienda es el instrumento más poderoso para influir en la estructura física y funcionalidad de las ciudades. Puede conducirlas a su desbordamiento espacial, a la ineficiencia económica y a la desintegración del tejido urbano. O puede llevarlas a un crecimiento denso y compacto, con una sólida red conectora de espacio público, diversidad y usos múltiples del suelo, buenos servicios, y accesibilidad mediante transporte público o no motorizado, epítome de ciudades sostenibles y competitivas. La inter-fase ejecutora entre la política pública de vivienda y la codificación física del desarrollo urbano son las empresas inmobiliarias y constructoras de vivienda, que operan de acuerdo a las reglas del juego establecidas y a la estructura consecuente del mercado de tierra. Este sistema de empresas es generador, en México, de más de tres millones de empleos y directa e indirectamente es responsable de alrededor del 6% del PIB. Es un asunto muy serio.
 
Hasta ahora, las políticas de vivienda han tenido sólo una brújula financiera y cuantitativa, y las unidades de cuenta más elementales posibles: número de créditos, viviendas construidas, financiamiento otorgado. El derecho a la vivienda para todos los trabajadores. La norma ha sido la minimización de costos en ausencia de reglas, lo que conlleva tecnologías estandarizadas, monotonía, y reducción extrema y reclusión en los espacios habitables, más, la acumulación de reservas de tierra barata (inducida por incentivos fiscales). Se trata de páramos ejidales desolados, potreros, milpas, basurales y breñales lejanos a las ciudades, fuera del tejido social y urbano, sin servicios, y con costos astronómicos de transporte tanto en horas/hombre como en proporción del ingreso disponible para los desafortunados habitantes o derechohabientes. Una vez adquiridas, el valor de tales reservas de tierra depende de que opere la maquinaria de crédito hipotecario, así como de licencias de uso del suelo y de construcción por parte de municipios débiles con nulas capacidades de gobernanza territorial. También depende de la demanda de casas en propiedad sobre un pedazo minúsculo de tierra, a cambio de la disposición de los compradores a someterse a un régimen de vida desolador tanto en lo personal y familiar, como en lo social, económico y laboral. Del sueño a la pesadilla. Así, la superficie urbana se desperdiga y crece en un orden de magnitud superior a la propia población, la densidad demográfica se derrumba, y decae la ciudad central mientras se desmadeja el tejido urbano; aumenta la dependencia al trasporte automotor, y se eleva el costo de servicios e infraestructura. Se disuelve el entramado social y la vida cívica. ¿Algo que ver con la delincuencia?
 
Cualquier observador imparcial pudo constatar en los últimos años la inviabilidad de este modelo. Lo hicieron los acreditados o derechohabientes, quienes empezaron a abandonar las viviendas, que han caído en la decrepitud y han sido objeto de vandalismo, lo que ha retroalimentado la desolación de las casitas habitadas remanentes evaporando su valor en el mercado y el patrimonio de sus dueños. Muchas viviendas nuevas permanecen desocupadas. Más de la cuarta parte de las viviendas de INFONAVIT están abandonadas, y en muchas regiones del país la proporción ronda al 50%. Su cartera vencida se ve presionada.
 
Entidades financieras e inversionistas nacionales e internacionales también se percataron y tomaron decisiones; las reservas de tierra exo-urbana de las empresas ya no convencen. El índice Habita, que sigue el desempeño de las empresas desarrolladoras de vivienda en la BMV, registra un desplome en el valor de sus acciones de aproximadamente 80% en promedio desde 2007. Este índice incluye a empresas tan importantes y estratégicas en el desarrollo económico de México y en la generación de empleo como Ara, Geo, Consorcio Hogar, Homex, Urbi y SARE. Los intentos realizados recientemente por paliar el modelo, por ejemplo, los DUIS (desarrollos urbanos integrales sustentables) no han surtido un efecto tranquilizador en los mercados.
 
Las empresas requieren una urgente reconversión en su modelo de negocio, y es posible que necesiten un mecanismo de apoyo gubernamental (tal vez un swap de reservas de tierra urbana/exo-urbana) para sobrevivir, y actuar como ejecutoras en una nueva política virtuosa de vivienda para ciudades competitivas y sustentables. Más que nada, es urgente conjurar la crisis hipotecaria y urbana que flota en el horizonte, y que la debutante Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y el INFONAVIT, diseñen e instrumenten esa nueva política.

viernes, 11 de enero de 2013

OCDE regaña a México


El gobierno de Felipe Calderón magnificó percepciones negras en la opinión pública internacional sobre la inseguridad en México, aunque  tuvo éxito al promoverse como adalid en la lucha contra el calentamiento global. Las primeras ahora mejoran, mientras que la OCDE nos desenmascara casi como impostores en lo segundo, en  su Evaluación sobre el Desempeño Ambiental de México presentada el martes pasado.  Es un regaño envuelto en elipsis, cuidadosas omisiones, retórica gentil, y  recuentos  sobre avances durante la última década. Que si la calidad del aire ha mejorado, que si el volumen tratado de aguas residuales se ha expandido, que si la disposición de residuos en rellenos sanitarios ha aumentado, que si los presupuestos para  bosques han crecido, que si es mayor la cobertura de áreas naturales protegidas, que si hay nueva legislación y burocracias climáticas,  que si se aplican numerosas inspecciones y evaluaciones de impacto ambiental a proyectos, que si  el célebre Programa Especial de Cambio Climático se ha casi sobre-cumplido (¡en 95 % como en la antigua URSS!).  En fin, valen, aunque se trate  de  inercias tendenciales en cualquier país en vías de desarrollo  cuya institucionalidad ambiental medianamente funcione. Es el dulce que permite mantener la atención de un menor mientras se le sermonea.
El gobierno calderonista se labró una imagen de virtud en la lucha contra el cambio climático. Logró elogios por la COP 16 en Cancún, a pesar de que ahí se hizo evidente el descarrilamiento del proceso de Kioto. Fuimos competentes facilitadores y organizadores de eventos internacionales (el Salón de Fiestas México), sin posiciones claras o liderazgo en materia de políticas. Todavía nos atrevimos a extender una mano menesterosa a la comunidad internacional con el malhadado Fondo Verde, siendo la treceava economía del mundo: un país grande pedigüeño y sin vocación de liderazgo. Ahora, el reporte de la OCDE  nos ubica como candil de la calle, señalando  perversas políticas internas  opuestas a toda racionalidad ambiental y climática; se trata, poco menos, que de un señalamiento de hipocresía. El rey se queda desnudo.
En los primeros 10 años del siglo las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro país aumentaron cerca de un 20%. La intensidad de carbono de la economía (emisiones de CO2 con relación al PIB) creció significativamente, después de haberse reducido durante los años noventas del siglo pasado. También las emisiones aumentaron con respecto al ingreso disponible. México es uno de los pocos países de la OCDE que no han desacoplado el suministro total de energía primaria del crecimiento económico, uno de los fundamentos esenciales para avanzar hacia una economía verde o sostenible. De hecho el consumo de energía primaria se ha expandido a tasas más elevadas que el PIB. Hay un uso creciente de energía para la extracción de petróleo y gas, al igual que en refinación, lo que revela cada vez más ineficiencias sectoriales, no obstante que seremos importadores netos de petróleo hacia el 2020. La proporción  de energías renovables en la producción de electricidad bajó de 20% en el año 2000 a 18% en el 2010, a pesar de que en los últimos años culminaron varios  proyectos eólicos en desarrollo durante más de una década.

México es el país de la OCDE que ostenta los precios más bajos para los combustibles automotrices, lo que fomenta el derroche y la ineficiencia, y por supuesto, las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, es el único miembro de esa organización que subsidia tales combustibles y no los utiliza como base  fiscal para fortalecer las finanzas del Estado. Nuestro país también es señalado por ser el único que prácticamente no aplica ningún impuesto  como instrumento económico de política ambiental, a pesar de tener la recaudación fiscal más baja con respecto al PIB (menos de 10%). Otros gobiernos de la OCDE captan por impuestos ambientales entre el 2 y el 15% del PIB. México, adicionalmente, subsidia la electricidad y no tiene ningún esquema de pagos de primas por KWh a los generadores de energía con fuentes renovables. Por otro lado, nuestro país mantiene un sistema de subsidios agropecuarios que inducen las emisiones de CO2 por deforestación e impiden la recuperación y captura de carbono en ecosistemas forestales (PROCAMPO, PROGAN).
La evaluación ambiental de la OCDE sobre  México, si bien está coja, ya que inexplicablemente omite temas vitales como mares  y  ciudades, es un "te lo digo Juan para que lo escuches Pedro". El nuevo gobierno tiene la oportunidad de escuchar y corregir el rumbo.