martes, 25 de diciembre de 2012

Ciudades; talento y competitividad


El futuro de México se dirime en sus ciudades. En realidad, una política exitosa de desarrollo económico es necesariamente una política de ciudades exitosas. Lo hemos repetido de manera incesante: el abatimiento de la pobreza y el desarrollo económico se vinculan de manera inevitable al proceso de urbanización. Sin embargo, México ha carecido de una política nacional de ciudades; muchos políticos y presupuestos públicos siguen anclados en la visión anacrónica de un México bucólico, campesino. Nuestro país debe acelerar la migración rural-urbana, y plantearse que hacia la mitad del siglo más del 90% de la población viva en ciudades, especialmente en grandes ciudades. Alrededor de 400 mil millones de pesos del presupuesto del Estado se destinan a apoyar (subsidiar, subvencionar, otorgar rentas) al campo; ¿cuánto a las ciudades? Ni siguiera se contabiliza de manera explícita. No hay diputados del sector urbano(como los hay del sector campesino) que  exijan presupuestos para infraestructura, servicios, y espacio público de calidad en las ciudades. Veremos qué hace la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Durante mucho tiempo, economistas interesados en economías regionales y urbanas concentraron su atención en la dinámica de localización geográfica de empresas, en la división espacial del trabajo, y en el fenómeno de aglomeración y de formación de clusters o complejos industriales. Es decir, se focalizaron en explicar la concentración o la dispersión de actividades económicas en el espacio geográfico. Hoy los enfoques han cambiado, y es más relevante estudiar a la gente, a las personas o individuos que crean empresas y trabajan en las  industrias o sectores económicos atraídos por las ciudades. Es más interesante, a la luz de la nueva economía de la información, estudiar al capital humano como motor del crecimiento económico, y a las variables que determinan su distribución geográfica en distintas ciudades. Tengamos en cuenta, como decía Robert Lucas (célebre por acuñar el principio de expectativas racionales en economía), que las ciudades funcionan para atraer, reclutar y organizar capital humano y generar enormes externalidades positivas para todos.
Numerosos estudios muestran que la productividad de las personas aumenta considerablemente en grandes aglomeraciones urbanas, y por tanto sus ingresos (desde luego, Edward Glaeser), y que en realidad las empresas tienden a localizarse en ciertas ciudades, clusters o complejos regionales por la disponibilidad de talento y capital humano, y no tanto por el acceso a proveedores o clientes. Las personas o individuos con mayor capital humano (educación, audacia, carácter emprendedor, dispuestas al esfuerzo personal), a su vez, tienen cada vez más movilidad, y buscan ubicarse en sitios o ciudades donde convivan con  otras personas que refuercen su productividad a través del conocimiento y economías de proximidad. Prefieren ciudades que ofrezcan desde luego, trabajo, pero también, buenos servicios, infraestructura, espacios públicos de calidad, belleza, amenidades y oferta cultural, ciertos estilos de vida,  y diversidad,  que les permita insertarse y conectarse con facilidad en el tejido social. O sea, con respecto a este último punto, que existan pocas barreras de entrada al mercado de trabajo y a las redes de convivencia social. Todos los factores anteriores están presentes en distinta medida en cada ciudad y determinan crecientemente la llegada y permanencia de empresas, que a su vez demandan más talento o capital humano en una espiral de incremento en los ingresos de la población.
 En general, las ciudades con un amplio acervo de capital humano serán ciudades donde vivir es algo placentero y estimulante. La belleza urbana y la calidad del espacio público quedan asociadas a la competitividad de las ciudades. Un análisis notable de Richard Florida de la Universidad de Carnegie Mellon, lo documenta y demuestra a través de un ingenioso modelo econométrico basado en conjuntos de variables que representan al talento y capital humano, a la calidad del espacio público y de la vida urbana, y a la diversidad social (como aproximación a bajas barreras de entrada). Las relaciona significativamente en términos estadísticos con la localización de industrias de alta tecnología, y con los ingresos  y nivel de vida de la población. Llama la atención que la diversidad es medida a través de la presencia relativa de parejas homosexuales (gays) como indicador de tolerancia y facilidad o bajos costos de inserción en el tejido social. Los resultados estadísticos son robustos.

En fin, todo esto tiene la finalidad de iluminar la importancia de promover ciudades tolerantes, hermosas, con espacios públicos de calidad, y una buena oferta cultural, como fórmula de competitividad, atracción de talento e inversión privada, ingresos más altos y menor pobreza.  Necesitamos una sólida y ambiciosa política de ciudades.

viernes, 14 de diciembre de 2012

Reforma educativa; normales, hierro ardiente


Dije durante mi campaña presidencial que en la SEP se requería un verdadero Secretario de Gobernación  para emprender la Reforma Educativa, responsabilidad primera en la agenda del nuevo gobierno, y de formidable complejidad política. Los componentes obligados de la reforma que propuse, en sí mismos son elocuentes de la magnitud del desafío: re-estructura de todo el sistema de escuelas normales; evaluación universal autónoma, carrera profesional meritocrática y remuneraciones de acuerdo al desempeño;  escuela de tiempo completo; instalaciones de calidad; énfasis curricular en pensamiento lógico, matemáticas, informática, valores cívicos, e inglés como segunda lengua; la escuela como espacio de integración social y familiar; y, formación de empresarios y vinculación al aparato productivo. Casi todos los elementos anteriores coinciden con la iniciativa de Reforma Educativa presentada por el Presidente Peña Nieto el lunes pasado. El primero (las escuelas normales) es probablemente la piedra angular de  los demás. Está claro, de acuerdo a la experiencia educativa en México y en el mundo, que la calidad de la educación depende esencialmente de dos cosas: la calidad de los maestros, y el entorno socioeconómico de los alumnos (alimentación, vivienda, ambiente familiar, y educación de los padres; lo que queda fuera del alcance de las políticas meramente educativas).
Pero en nuestro país, es en las escuelas normales rurales y en organizaciones magisteriales de Oaxaca, Guerrero, Michoacán,  y parcialmente Chiapas,  donde se atrincheran y resisten ferozmente intereses y fuerzas políticas contrarias a la calidad docente.  La historia de las normales rurales se remonta al cardenismo, mientras que la beligerancia reaccionaria de las organizaciones de maestros en esos estados se explica, por un lado,  a partir de una tradicional dinámica radical y subversiva que en ellos se recreó durante la segunda mitad del siglo XX. Por el otro lado, en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de 1992, signado por el entonces Presidente Salinas de Gortari, los gobernadores de los estados, y el propio SNTE. Tal momento  es importante, dado que, en el contexto del Acuerdo, se entregaron secciones sindicales en esos estados a grupos radicales disidentes hoy agrupados en lo que se denomina la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
No sólo eso. Por ejemplo, en Oaxaca, el gobierno estatal ha aceptado que los maestros queden al margen de toda evaluación y proceso de calidad promovidos por la Federación, y les ha cedido el diseño y la gestión de la política educativa, así como posiciones clave en entidades  de la administración pública, y salarios y prestaciones privilegiadas, en un permanente juego de chantajes, movilizaciones, bloqueos, paros, y violencia. 
Recuérdese también que en las normales rurales de Guerrero (como Ayotzinapa), además de recurrentes expresiones violentas, se han forjado tanto célebres guerrilleros en los años sesentas del siglo XX, como cuadros actuales del EPR y de su escisión el ERPI, al igual que el no menos célebre Servando Martínez "La Tuta". Éste, fundador y líder de La Familia Michoacana, reciclada ahora en los Caballeros Templarios. Dicho sin rodeos, el magisterio formado en  las normales rurales de Guerrero ha estado asociado a la guerrilla y a organizaciones dedicadas al narcotráfico, y por supuesto, a demandas explosivas de entrega automática de plazas para egresados de las normales.
En Michoacán, no se han quedado atrás los maestros de la CNTE, y han logrado que el gobierno del estado les transfiera rentas jugosas como resultado de una temible extorsión política, lo que hoy ha contribuido a la abultada e inexplicable deuda que dejó la administración anterior de esa entidad federativa, en estos momentos  al borde del colapso financiero. El nuevo gobierno del estado decidió desmantelar redes de corrupción y se rehusó a pagar la extorsión, y ello desató la violencia protagonizada por normalistas michoacanos apoyados por docentes de la CNTE de Michoacán, Oaxaca y Guerrero, excusados con su oposición a la Reforma Curricular, que pretendía enseñar inglés e informática en las escuelas normales rurales, apenas en agosto de este año. El resultado: robos, secuestros ataques a infraestructura pública, incendio de vehículos,  bloqueos de carreteras, asalto a tiendas y negocios. El gobierno reculó parcialmente, ante la amenaza de una cada vez más extensa coalición entre normalistas y maestros disidentes, y numerosas organizaciones del ecosistema radical y de izquierda  que pueblan el escenario político nacional.

Entonces, el tema de las normales y de la formación de maestros de calidad es vital pero harto complejo políticamente, va mucho más allá de lo estrictamente educativo; es un problema de gobierno, de legalidad y estado de derecho, y de seguridad pública. Hay que afrontarlo.

viernes, 7 de diciembre de 2012

Pacto por México, ecos y huecos

Bien el Pacto por México. Ya se ha escrito mucho sobre su alto significado político. Pero algo igualmente importante es que este Pacto recoge numerosos contenidos y propuestas generados durante la campaña presidencial, y los plasma como compromisos de gobierno. Así, el proceso electoral parece adquirir en retrospectiva un valioso sentido de argumentación, diálogo y construcción de acuerdos para gobernar. Promete revelar un avance apreciable en la calidad de nuestro sistema democrático.
Resaltan en el Pacto por México, por un lado, las ideas de protección social enarboladas principalmente por la izquierda, como el seguro del desempleo, y las pensiones a adultos mayores de 65 años y jefas de familia. Por el otro lado, es notable cómo el Pacto hace eco de la plataforma electoral y propuestas de otras candidaturas. Vale la pena enunciar algunas: Responsabilidad absoluta del gobierno en política educativa (de ninguna forma es una potestad sindical), la evaluación universal y autónoma, el servicio profesional para maestros, transformación de las normales, escuela de tiempo completo, y la ampliación de la cobertura en educación superior. La cultura como poderoso instrumento de política exterior a través de los Institutos de México (propuestos durante la campaña para llamarseInstituto Octavio Paz). La protección de los migrantes centroamericanos en nuestro país. La cédula de identidad ciudadana. Reformas estructurales hacia la competencia en los sectores energía y telecomunicaciones. El hacer de PEMEX una empresa competitiva con gobierno corporativo eficaz y transparente bajo regulación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. El fortalecimiento de la COFECO y de la COFETEL para lograr que sus decisiones sean ejecutables de inmediato y no suspendibles por medio de amparos. La banda ancha e internet como nuevo derecho social del siglo XXI plasmado en la Constitución. La restructuración de los esquemas de coordinación fiscal para dar más responsabilidades recaudatorias a gobiernos locales. Por supuesto, la revisión de los subsidios regresivos a energéticos y al campo. La implantación en todo el país en forma expedita del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral. La autonomía y capacidades persecutorias de los órganos a cargo del combate a la corrupción. Y, las policías estatales únicas reflejadas en el compromiso de crear Policías Estatales Coordinadas.
El Pacto por México hace propias otras propuestas de campaña relacionadas con la sustentabilidad. Además de la revisión de los subsidios a los energéticos, es de destacarse que plantea reorientar subsidios al campo en zonas de menor viabilidad agrícola, hacia pagos por servicios ambientales para la conservación de bosques; y habla también genéricamente de un programa de residuos. Sin embargo, el Pacto por México toca la agenda del agua sólo de manera tangencial en puntos aislados como la captación de agua pluvial (?), las coberturas de agua potable, drenaje y tratamiento; sequías, y sorpresivamente, la desalación de agua de mar. Huecos grandes deja el Pacto al soslayar la necesidad de regulación sobre los organismos operadores municipales, el combate a la contaminación de cuerpos de agua, la vigilancia de aguas residuales, el suministro a ecosistemas acuáticos, y especialmente, el agotamiento de los recursos hídricos subterráneos por el riego agrícola en zonas críticas del país.
Definitivamente, los desafíos de la sustentabilidad le quedan muy grandes al Pacto por México; hay omisiones inexplicables, lo que es frustrante en cuanto refleja el desinterés y desconocimiento que los políticos tienen al respecto de ellos. No hay absolutamente nada en el Pacto acerca de los mares y costas de México; nada sobre las ciudades de nuestro país (todas en una grave despeñadero de desarrollo no sostenible), ni sobre las políticas de vivienda; nada sobre biodiversidad, ni ningún compromiso para detener y revertir la deforestación; nada sobre el imperativo de resolver perversiones económicas, sociales, y ambientales en el desarrollo turístico; y algo asombroso, nada sobre política industrial. Todos estos son temas que al parecer quedan fuera del radar, o de la capacidad de acuerdo de los firmantes del Pacto por México.

Otro hueco que debe resaltarse en el Pacto por México es la debilidad en los sistemas de gobernanza local, que enfila a muchos municipios a la quiebra, y no sólo por endeudamiento. Hay una omisión total con referencia al corto período de administración municipal y a terminar con la imposibilidad de reelección de alcaldes, circunstancia que impone horizontes de corto plazo e incita a conductas de rentabilidad política inmediata, ajenas al interés de largo plazo de sociedad. En fin, hay sectores y temas tajantemente excluidos del Pacto por México... Urgiría subsanar huecos y omisiones, o que echemos a andar una fundada preocupación.