El 52% de las pesquerías en el mundo están aprovechadas al máximo; casi la tercera parte del total se sobreexplotan y están en proceso de colapso; cerca del 10% se han agotado comercialmente; y, el 90% de los grandes depredadores marinos han desaparecido (en especial los tiburones) provocando graves trastornos en los ecosistemas. Las proyecciones disponibles apuntan a que hacia la mitad del siglo casi todas las pesquerías comerciales estarán exhaustas. Habrá algunas excepciones como el atún del Atlántico que aparentemente ha empezado a recuperarse debido a la regulación lograda por el ICCAT (Comisión Internacional para el Atún del Atlántico), en especial, sobre las grandes flotas pesqueras europeas.
En los mares mexicanos las cifras son similares, pero debe agregarse que más del 40% de la pesca es ilegal, al margen de permisos y concesiones, carente de toda regulación, incluso en Áreas Naturales Protegidas marinas. Los permisos de pesca que otorga CONAPESCA tienen una vigencia de corto plazo y carecen de límites territoriales y de cuotas por volumen capturado, lo que los despoja de toda racionalidad ecológica y de incentivos a la conservación, además de que la vigilancia es raquítica y nula en muchos casos. Las consecuencias ecológicas se exacerban en el escenario de una gran volatilidad o fluctuación cíclica natural en las poblaciones de muchas especies de interés comercial. Puede afirmarse que el territorio costero y marino de nuestro país es en buena medida un espacio de impunidad y tragedia de los recursos comunes, saqueo de especies e incluso extinción inminente (como la vaquita marina y la tortuga amarilla), destrucción de ecosistemas, contaminación por aguas residuales, y caos en el manejo de la zona federal marítimo terrestre (incluyendo playas).
Agudizando tendencias, el gobierno mexicano otorga subsidios pesqueros a combustibles, a motores y a otros activos, los cuales suman alrededor de 2,400 millones de pesos anuales. Estos se aúnan a exenciones fiscales en ISR e IVA, para generar un exceso de capacidad y atizar un esfuerzo pesquero desmedido. Más pescadores y más embarcaciones con motores más potentes y haciendo más viajes, persiguen cada vez menos peces, usando tecnologías o artes de pesca con un gran poder depredador, como las redes de arrastre, las de enmalle, y los palangres kilométricos. Se sobrecapitalizan las flotas pesqueras sabiendo los dueños o armadores que el Estado los rescatará cuando llegue el colapso.
CONAPESCA se empantana en conflictos de interés (entre el fomento y la regulación) , capturada por organizaciones de pescadores con gran fuerza política (como ocurría en la antigua SEMARNAP). Se confunden intereses comerciales con el interés público ambiental; y desde luego, el segundo sale perdiendo. Todos sabemos que el fomento y la regulación deben estar separados. CONAPESCA tampoco atina a establecer sistemas de gestión y regulación para el aprovechamiento sostenible de pesquerías, como son los ITQ´s (cuotas de pesca y permisos transferibles); santuarios marinos (No Take Zones) y áreas naturales protegidas extensas y bien vigiladas; o los permisos o concesiones sobre un área o territorio marino claramente definido, llamados TURF´s por sus siglas en inglés (Territorial Use Rights in Fisheries). Tales instrumentos de política pesquera crean derechos de propiedad e incentivos y espacios para la conservación de ecosistemas marinos y reproducción de especies, y han tenido un éxito notable en países que se destacan por el manejo responsable de todas o la mayor parte de sus pesquerías (Nueva Zelanda, Australia, Islandia, Chile, Estados Unidos, y otros, que internacionalmente constituyen el lobby llamado Friends of Fish).
Por su parte, la zona federal marítimo terrestre se entrega a los municipios con los deplorables resultados que conocemos (ejemplo, playas de Acapulco y Veracruz), mientras las tortugas y sus nidos son exterminados en playas no turísticas, a pesar de campamentos tortugueros que languidecen sin personal, ni presupuesto. Más todavía, la Comisión Nacional del Agua voltea hacia otro lado mientras los mismos gobiernos municipales violan leyes y normas al descargar en los litorales aguas residuales altamente contaminadas sin tratamiento, incluso en parques marinos nacionales; no los sanciona ni persigue.
Los mares y costas no son un sector; constituyen un territorio nacional dos veces y media más grande que el territorio nacional terrestre, hoy, sin gobernanza eficaz. Es urgente establecer un sistema integrado de gobernanza sobre los mares y costas de México, que asegure su aprovechamiento sostenible y conservación ecológica, lo que debe incluir, por supuesto, la construcción de una Guardia Costera con equipamiento y personal especializado (asimilado de la Armada de México) y facultades plenas de inspección y vigilancia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario