lunes, 27 de agosto de 2012

Conservación: Contra-Reforma Agraria para el siglo XXI

Durante buena parte del siglo XX el Estado en México enajenó deliberadamente la propiedad pública sobre el territorio nacional. A través del proceso de reforma agraria más de 100 millones de hectáreas fueron transformadas en propiedades privadas, eufemísticamente llamadas propiedad social, en forma de ejidos y comunidades; modalidades de propiedad corporativizada, de tierras intransferibles e inembargables, con áreas parceladas individualmente y grandes zonas de uso colectivo. Los terrenos nacionales se extinguieron con el reparto. Incluso los numerosas parques nacionales creados por Miguel Ángel de Quevedo fueron entregados o reconocidos como propiedades privadas (sociales) por el cardenismo. No importó que fuesen tierras  improductivas y frágiles; se encadenó a la tierra y condenó a millones a la pobreza inter-generacional. Se deforestaron decenas de millones de hectáreas, y México perdió más del 90% de sus selvas tropicales húmedas y bosques mesófilos, y alrededor de la mitad de sus selvas secas y bosques templados. Ejidos y comunidades se erigieron en instituciones de gobierno local (con territorio, población, asambleas de propietarios,  tribunales especiales, y autoridades propias), ajenas o enfrentadas al municipio,  que quedó debilitado.
En una ficción federalista extrema, en 1983 se reformó el Artículo 115 Constitucional para dar a los municipios todas las facultades referentes al uso del suelo. El territorio quedó en un limbo; habiéndose perdido  la propiedad pública de la tierra, se esfumaron también las capacidades de regulación del Estado. La naturaleza colectiva de las propiedades privadas ejidales y comunales (no es un oxímoron),  la ubicua tragedia de los recursos comunes, los conflictos agrarios, la pobreza y la falta de opciones, y la ausencia de estado de derecho y certidumbre jurídica encendieron literalmente el exterminio de los ecosistemas del territorio nacional. Una extensiva y funesta contribución hicieron igualmente programas oficiales de desmontes, miopes concesiones forestales, y demagógicos proyectos de colonización, soberanía alimentaria y desarrollo agropecuario.
A inicios de los años noventas del siglo XX, el fin del reparto agrario, la posibilidad de enajenación legal de parcelas ejidales, y un exitoso programa de certificación de derechos y regularización de la propiedad agraria, probablemente menguaron el ímpetu destructor de la riqueza ecológica de México. Sin embargo, muchos bosques y selvas fueron eliminados para calificar como tierras parceladas. El resultado neto es incierto. Lo cierto es que desde entonces, y en sustitución de los precios de garantía para el maíz y otros productos agrícolas, se estableció un perverso sistema de subsidios directos a los agricultores condicionado a la "explotación" del la tierra. De tal suerte, los subsidios de PROCAMPO y después PROGAN (para ganaderos), implantaron de manera permanente un esquema de incentivos hacia la destrucción del capital natural de nuestro país, y para el arraigo forzoso de campesinos a la pobreza rural.

Hasta aquí, la historia, que ahora debe cambiar. Es preciso invertir la lógica agrarista del siglo XX, restablecer la soberanía del Estado sobre el territorio, así como sus capacidades de regulación y facultades reales para conservar y recuperar la biodiversidad y el paisaje. Debe impedirse la ampliación de la frontera agropecuaria, consolidar tierras agrícolas y elevar su productividad (producción por hectárea) de manera sostenible a través  de las mejores tecnologías disponibles, agregar minifundios improductivos, reconvertir y restaurar potreros ganaderos degradados, y desde luego, conservar eficazmente los ecosistemas naturales que aún sobreviven, asegurando la conectividad entre ellos por medio de corredores biológicos. Las instituciones tradicionales de gobierno ejidal y comunal deben aprovecharse  como mecanismos de gestión de recursos comunes, al tiempo que el Estado recupere para sí un acervo creciente de tierras destinadas a la conservación, por medio de compras, fideicomisos, y en su caso, expropiaciones a precios justos y competitivos.
La Secretaría de la Reforma Agraria debe ya desaparecer, y elevarse la jerarquía de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas dentro de SEMARNAT, quien se haría cargo de los activos territoriales  del Estado (terrenos nacionales subsistentes y nuevas tierras públicas). Desde luego, también, de todas las áreas naturales protegidas federales (cuyo número y extensión habrían de cubrir al menos al 25% del territorio nacional terrestre), y del desarrollo y manejo de corredores biológicos entre ellas. Estos se constituirían básicamente a partir de contratos a largo plazo con los propietarios de la tierra (ejidos, comunidades, individuos) de Pago por Servicios Ambientalescon el concurso de CONAFOR, y  con la idea de cubrir los costos de oportunidad de la conservación y mejorar los ingresos de los campesinos. La reorientación de los subsidios de PROCAMPO  y PROGAN es obviamente una necesidad imperiosa, y podría constituirse en una poderosa herramienta de conservación. El objetivo sería deforestación cero al 2020. Lógicamente, por un lado, se requerirá un moderno sistema de monitoreo  con la más sofisticada tecnología satelital y cartografía de alta resolución. Por el otro, será indispensable la creación de un cuerpo especializado de la Policía Federal a cargo de la vigilancia en áreas naturales protegidas y corredores biológicos. Se trata, en realidad, de una nueva reforma (o contra-reforma) agraria para el siglo XXI.

40 años de INFONAVIT, regocijo y números rojos


Gran regocijo esta semana por los 40 años del INFONAVIT. Gobierno y empresas desarrolladoras comieron y brindaron, y se halagaron mutuamente con discursos engolados. Celebran sus números, que ellos mismos han escogido; logros irrebatibles en sus propias unidades de cuenta, aunque lo verdaderamente importante se barra debajo de la alfombra, apenas con disimulo; tampoco interesa medirlo. Que los números rojos, los costos y los pasivos acumulados  los midan y los paguen otros, los municipios, las ciudades,  los propios adquirientes de vivienda,...  y México.

Es el derecho a la vivienda como negocio financiero, que entra ya en una etapa final de rendimientos decrecientes: las empresas desarrolladoras son castigadas  por los mercados bursátiles, y cunde el escepticismo en intermediarios financieros internacionales que han ayudado a fondearlas. Con la lógica prevaleciente, las empresas desarrolladoras han sobre-invertido en  tierra ejidal y la acumulan como activo, que en realidad deja de serlo si el negocio es insostenible; ahora los mercados financieros empiezan a verlo como lastre.  Hasta allá se dan cuenta, aquí no. Ya ven venir la avalancha de externalidades, que acabará por arrollar a un negocio que las ha ignorado durante largo tiempo. Soberbia o ignorancia; o una mezcla de las dos. Ni una pisca de autocrítica. El gobierno pone las reglas, cierto, y ellos las siguen. Punto. ¿Quién es el responsable?

El negocio de hacer vivienda masiva bajo el sistema INFONAVIT ha deshecho a las ciudades de México. Un negocio así, con costos astronómicos, aunque  no se  internalicen, y ni siquiera se midan, no puede perdurar. Todo lo que es insostenible terminará, antes o después, por revisión, cambio, o adaptación inteligente y visionaria, o por colapso. Aunque según ellos, aún tengan por delante una demanda insatisfecha  de 14 millones de viviendas, dos veces más grande que la que los ha llevado en andas hasta ahora, a jubilosos  40 años.

Confusión deliberada entre medios y fines Es verdad que la idea fundacional del INFONAVIT fue creativa e incluso admirable, pero como medio para satisfacer el derecho a la vivienda de los trabajadores, a su vez, otro medio. El fin verdadero (ignorado) es el derecho a la ciudad, progenitor de todos los demás derechos: a la educación, al trabajo, al espacio público, a la vida familiar, a la recreación, a la vida cívica, a la seguridad ciudadana, y por supuesto, a la vivienda.  La vivienda sin ciudad, como fin espurio en sí mismo, ha conculcado a todos los demás derechos.  

 A 40 años de su fundación, el INFONAVIT se congratula de haber otorgado 6.7 millones de créditos hipotecarios,  y de que el 23% de los mexicanos vivan en una casa financiada por ese instituto. El 70% de todos los créditos que se han concedido entre 2001 y 2012, significan más de un millón de millones de pesos de derrama económica. Pero nadie se preguntó esta semana por los costos, ni por las condiciones en que se han construido esas viviendas, y en las que viven sus adquirientes.

La población de las ciudades de México creció en promedio  16% en la última década; la superficie urbana lo hizo a tasas mucho mayores (¿el INFONAVIT las ha estimado?). Las densidades urbanas (habitantes por hectárea) se desplomaron, y con ello todas las economías y ventajas competitivas, y en servicios y calidad de vida que ofrece la proximidad. La superficie urbana (es en realidad un eufemismo llamarle urbana) se desbocó, jalada en buena medida por los desarrollos habitacionales financiados por esa institución. Su localización obedeció  a lógica del menor costo posible por metro cuadrado de tierra, lo cual implica lejanía y falta de servicios, y palomares aislados de vivienda minúscula y monotemática desparramados por cerros, pantanos y potreros.  Con este criterio se han desbordado y desmadejado las ciudades de México. Tierra ejidal barata y lejana, producción  industrial masiva en serie, utilidades por volumen, y financiamiento cada vez más sofisticado para los productores de vivienda, es el código que orienta los patrones de ocupación y uso del territorio. El Estado ha cedido a las empresas desarrolladoras sus facultades. Y no vale la excusa de que es responsabilidad (siempre, el Artículo 115 Constitucional como pretexto) de los municipios, hoy por hoy, incapaces... Es cínico. 


Los costos son astronómicos: miles de millones de horas hombre perdidas en transportes infames, pesada carga de gasto en transporte para las familias, desintegración familiar, destrucción de redes de cohesión social, inaccesibilidad al empleo y a la educación, anclaje sobre el territorio de un patrón de alto consumo de energía, incubación de la delincuencia, inexistencia de espacio público y vida cívica, ausencia de identidad, y hacinamiento... para el 23% de la población que vive en casas financiadas por el INFONAVIT. La cuarta parte se han abandonado en promedio, y más de la mitad, en muchas ciudades del país. Aumenta la cartera vencida. ¿Qué tanto de esto explica la ola de delincuencia que azota al país, o la baja productividad? Esto, que no puede regocijarnos, tiene que cambiar.

viernes, 10 de agosto de 2012

¿Subsidios o educación pública?


¿Mantequilla o cañones? cuestionaba con delirio perverso Goebbels durante los aciagos años del nazismo en Alemania. La multitud enardecida gritaba ¡cañones! Así se legitimó en las plazas públicas, con mítines de coreografía monumental, y en marchas y manifestaciones,  la tormenta de guerra Totaler Krieg.  Los mexicanos tenemos ahora un dilema - afortunadamente en otro orden de cosas - que puede plantearse también con una pregunta: ¿Subsidios  o educación pública?  La respuesta fáctica del gobierno, de medios de comunicación, de amplios sectores de opinión, y de la izquierda, tal como se manifestó en la pasada contienda electoral, ha sido: ¡Subsidios!   El dilema es inevitable, por los montos o presupuestos astronómicos involucrados, por la debilidad fiscal del Estado, por la situación preocupante del sistema educativo nacional, y por el fuerte gasto que requiere para ser solventada. Y desde luego, por que la respuesta entraña alcances definitivos para el desarrollo de México en términos de capital humano, productividad y disminución de la pobreza,  competitividad,  crecimiento económico a largo plazo, y  sustentabilidad climática, urbana y ecológica.
El aterrador desenlace de la respuesta nazi es conocido. De la nuestra empezamos a ver ya sus propios signos ominosos, en la baja calidad  del sistema educativo nacional, particularmente en los estados más pobres  como Oaxaca, Chiapas  y Guerrero; en la escasa cobertura de educación superior consecuente con las demandas del aparato productivo nacional; y en el creciente número de jóvenes rechazados inconformes por no alcanzar un sitio en las universidades públicas. El presupuesto total ejercido en educación por el gobierno federal  en 2011 fue aproximadamente de 230 mil millones de pesos, el cual se destinó a educación básica, media, media superior, y superior. En más de un 34% se ha ido a cubrir salarios de maestros (servicios personales), que de todas formas son muy bajos (entre 6 mil y 12 mil pesos mensuales en promedio); el 60% representa otros gastos corrientes, y sólo el 6% es inversión.
En un contraste que golpea a la razón pública, el gobierno federal asignó en ese mismo año (2011) presupuestos muy superiores al de educación para diferentes subsidios que promueven el derroche energético, la emisión de gases de efecto invernadero, la expansión urbana de cada vez más baja densidad, y la destrucción de la biodiversidad del territorio nacional tanto en tierra como en el mar. Es decir, el gobierno federal gastó 166 mil millones para subsidiar gasolinas y diesel automotrices, 84 mil millones para subsidiar la electricidad y 39 mil millones para el gas LP. Por su parte, regaló más de 17 mil millones de pesos en los programas PROCAMPO y PROGAN cuya consecuencia es la inducción de la deforestación; y, más de 915 millones de pesos para subsidiar (subsidio sobre subsidio) el diesel y la gasolina utilizados por embarcaciones pesqueras. Esto último hace viables un esfuerzo pesquero excesivo y la sobrexplotación de los recursos, y la permanencia de prácticas y artes de pesca de gran poder de depredación sobre los ecosistemas marinos.  Los subsidios anteriores, en total, sumaron en 2011, 306 mil millones de pesos, cantidad 33% mayor al gasto federal total en educación, casi once veces mayor al presupuesto anual de la UNAM,  y equivalente a casi el 12% del gasto público programable.  Se estima que para 2012, el monto total de los subsidios señalados sea al menos un 30% mayor, dada la tendencia esperada en los precios internacionales del petróleo: sólo en el primer semestre del año 2012, el subsidio a gasolinas y diesel superó los 120 mil millones de pesos.
El agravante es que todos estos subsidios tienen consecuencias regresivas sobre la distribución del ingreso; benefician más a los grupos y sectores más ricos de la población, tanto en las ciudades como en el sector rural. Sobre el PROCAMPO hay estudios oficiales al respecto, y sobre los energéticos, vale la pena consultar un excelente trabajo de John Scott del CIDE, denominado ¿Quién se beneficia de los subsidios energéticos en México?  que será publicado próximamente; al igual que los resultados ofrecidos por Paul Segal en El Petróleo es nuestro: La distribución de los ingresos petroleros en México, publicado en 2011 por el James A. Baker Institute for Public Policy. Ojo: los subsidios son un pésimo instrumento para (supuestamente) controlar la inflación; esa es tarea del banco central y de la política monetaria.


La pregunta sobre qué preferimos: ¿subsidios o educación pública? va a gravitar cada vez con más estruendo sobre nuestras cabezas, en algún momento habrá que cambiar la respuesta, preparándonos para procesar la reacción de los intereses creados, o de la simple pero airada ignorancia.  Por cierto: una vez pasada la temporada electoral, ya nadie se acuerda de la evaluación universal en educación, ni de la penosa calidad del sistema educativo nacional.... curioso ¿no?

viernes, 3 de agosto de 2012

Educación: la Reforma Madre


El sistema educativo mexicano tiene que cambiar.  Ya no es funcional en el siglo XXI. Sirvió durante buena parte del siglo XX como creador de una nación en busca de identidad y  cohesión, desde la cruzada de José Vasconcelos. El maestro, ubicuo en todos los rincones del país, con frecuencia improvisado, pero también con vocación de servicio, fue el representante de un Estado nacional en formación. La educación popular y la cobertura total en niveles básicos fueron los objetivos, y la universidad pública (paradigmáticamente, la UNAM), el mecanismo de capilaridad social ascendente y de preparación de las élites que el país demandaba para su conducción y desarrollo. En una lógica corporativa centralizada, establecida desde los años treinta del siglo pasado, los maestros y su organización gremial se confundieron con el Estado y con el partido hegemónico. Algunos alimentaron movimientos sociales de oposición radical o de plano  la subversión (Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, Partido de los Pobres, PROCUP, EPR), y sus herederos han militado en la disidencia de extrema izquierda (CNTE). En los años 90´s del siglo XX se federalizó la educación de manera desordenada y confusa, y en la alternancia, el poderoso sindicato nacional del magisterio se ha mantenido con notable autonomía y espíritu de cuerpo, aunque ahora con pluralidad partidaria (maestros que militan en el PRI, PRD, PAN y NA),  y en un ambiente de fuertes cuestionamientos a su dirigencia desde la opinión pública.

En estos momentos, la reforma del sistema educativo es el mayor desafío que debe enfrentar México, si pretende ser  un país desarrollado, y bajo el imperio de la legalidad. Una educación pública de calidad en todos los niveles es la única llave para crear ciudadanos productivos, respetuosos de la ley, y con sólidos valores de libertad y responsabilidad individual. Es la única forma de acumular el capital humano necesario para elevar la productividad de las personas, mejorar sus oportunidades de empleo, capacidades emprendedoras, e ingresos, y así combatir eficazmente la pobreza. La educación pública debe ser la gran tabla rasa de igualación social, y el espacio para internalizar y difundir en la población el uso de las nuevas tecnologías de la información que son indispensables para transitar exitosamente por el siglo XXI. La escuela debe ser núcleo generador de sociedad civil, de nuevas redes de cooperación entre padres de familia, comunidades y vecinos, también de re-encuentro e integración de las familias. El sistema educativo debe vincularse estrechamente con el aparato productivo del país, para generar un círculo virtuoso de crecimiento, empleo, desarrollo tecnológico, más y mejores empresas y empresarios, y  mayores ingresos para la población.

Lograrlo requiere de claridad en cuanto a objetivos, instrumentos y programas, y la más sólida voluntad y firmeza  en el gobierno, así como una conducción política comprometida, sensible y con determinación,  capaz de orquestar los cambios necesarios en materia curricular y pedagógica, en la formación de maestros y carrera magisterial, en la evaluación  de todo el sistema, en las relaciones laborales y esquemas de remuneración, en gestión de plazas y presupuestos,  en infraestructura y equipamiento, y en la distribución de tareas entre la federación y los estados. Significa re-construir el sistema educativo como una gran meritocracia, transparente y eficaz. Por supuesto, se trata de una actuación de gobierno de un alto grado de dificultad política, que debe ser sostenida a mediano y largo plazo, y ser transversal a la administración pública: gobernación, educación, hacienda, trabajo, seguridad pública. Será imposible llevar a cabo la reforma, si se concibe  como una tarea exclusiva de la Secretaría de Educación Pública y de su titular. Se requiere crear un Gabinete de Educación, y hacer recaer la responsabilidad de la reforma en el nuevo Secretario de Gobernación, cuya estatura política, prestigio y experiencia deben ser sobresalientes.

El  universo de la reforma son 1.14 millones de maestros; 36 millones de alumnos; más de 170 mil planteles escolares en todos los niveles; un sistema de escuelas normales burocratizadas y decadentes, y  con una formación profesional plagada de deficiencias; una carrera magisterial sin el necesario prestigio social; un gran sindicato corporativo nacional, pero con disidencia radical e incluso violenta; hondos abismos en calidad educativa entre los estados más rezagados (Oaxaca, Guerrero y Chiapas, donde se arraiga la disidencia gremial) y otros relativamente avanzados (Nuevo León, Chihuahua, Aguascalientes, Baja California, Distrito Federal), lo que perpetúa la desigualdad y ensancha las fracturas regionales en el país; cobertura casi total en niveles básicos, pero un amplio déficit de  en niveles de educación técnica, media superior y superior; y, una educación pública desvinculada del aparato productivo y la empresa privada.



Debe asumirse plenamente que la calidad de la educación, y la reforma urgente son  responsabilidades esenciales de gobierno, de nadie más. No son de gremios, ni de líderes sindicales, aunque vitalmente, se requiere el concurso de un sindicato magisterial fuerte como aliado e interlocutor legítimo. Es delirante pensar que una profunda reforma educativa  puede emprenderse sin los maestros, o peor, en contra de ellos y de sus dirigentes. Un elemento clave de la reforma educativa es asegurar la transparencia y  legitimidad democrática de la dirigencia gremial, y  convocar y comprometer a los maestros como aliados, desde un gobierno con liderazgo, firmeza y sensibilidad; sin ellos  es imposible.