viernes, 13 de julio de 2012

DERECHO A LA CIUDAD, VIVIENDA Y POLÍTICA URBANA


Una de las responsabilidades indeclinables del próximo gobierno es reconstruir una  institucionalidad eficaz de política urbana y de vivienda, o más bien, de ciudades. México es un país eminentemente urbano. Tres cuartas partes de la población vive en ciudades (asentamientos de más de 15 mil habitantes), y más del 50% en ciudades medianas y grandes urbes. Hacia la mitad del siglo, un porcentaje superior al 90% de los mexicanos vivirá en ciudades. Lógicamente, el destino del país se juega en sus ciudades: la calidad de vida de una inmensa mayoría de población, la fortaleza y densidad del tejido social, y la sustentabilidad y competitividad de la economía nacional, al igual que el verdadero ejercicio de derechos fundamentales a la educación, al trabajo, a la seguridad ciudadana,  a la vivienda, a servicios públicos de calidad, al espacio público, a la cultura, al deporte, a la recreación, y  a las telecomunicaciones del siglo XXI (banda ancha e internet).

La disminución de la pobreza dependerá también de la dinámica urbana y de la capacidad de inclusión social en las ciudades, que seguirán recibiendo, lógicamente, un flujo caudaloso de migrantes provenientes del campo. A veces olvidamos, o queremos olvidar, que el desarrollo económico, la sustentabilidad, y el abatimiento de la pobreza son inherentes a una urbanización plena. En un país de 140-150 millones de habitantes (hacia el 2050), y ecológicamente frágil,   ciudades grandes, compactas y diversas son la solución territorial más eficiente. Economías de escala y de proximidad, empleo en manufacturas y servicios, múltiples oportunidades empresariales, y menores costos per cápita de provisión de infraestructura  y de seguridad, permiten mayor productividad, y por tanto, mayores ingresos. La eficiencia energética de ciudades grandes, densas y compactas (por la factibilidad de movilidad colectiva y no motorizada, y edificaciones verticales) se relaciona con una menor huella ecológica, mientras las altas densidades liberan espacios para la conservación de la biodiversidad y paisajes naturales en el resto del territorio nacional.

Sorprendentemente, al tiempo que México carece de una política nacional para sus ciudades,  opera en nuestro territorio un mecanismo perversamente eficaz de desintegración de la estructura urbana del país. Se trata del sistema de vivienda para los trabajadores operado por INFONAVIT y otros organismos de vivienda, donde la localización exo-urbana de desarrollos habitacionales es decidida por las empresas manufactureras (sí, manufacturan casitas en serie y  a gran escala) de vivienda infinitesimal dispersa por potreros, llanos y cerros, en el suelo más barato posible. El costo social, urbano, ambiental, personal y familiar es astronómico, como lo hemos documentado repetidamente en esta columna, y recientemente, de manera vivencial, en la concluida campaña presidencial.

Hacer vivienda es hacer ciudad, aunque lo hayan ignorado los últimos gobiernos. Y no vale como contrición tardía, cosmética y errónea el concepto oficial de DUIS (Desarrollos Habitacionales Integrales Sustentables), que derrocha ironía, y  por lo demás, relativamente insignificante.

El siguiente gobierno tiene el gran desafío de reconocer el pasivo, y de enmendarlo, de asumir el derecho a la ciudad, y el hecho de que el instrumento clave (y casi exclusivo) del gobierno federal para incidir en las modalidades del desarrollo urbano es el crédito hipotecario a la vivienda. Este (al menos el de INFONAVIT) debe quedar integrado a una política de ciudades, idealmente en una nueva Secretaría de Ciudades y Vivienda compartida con la actual CONAVI y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano de SEDESOL (sin más burocracia). Implica un banco de tierra intra-urbana construido por medio de convenios, compras y expropiaciones de predios vacantes, baldíos, o subutilizados, financiado con nuevos recursos públicos; fusión de predios; licitación de proyectos urbanos de vivienda y servicios en polígonos de actuación; vivienda urbana en renta; y crédito masivo a vivienda  usada, y a la densificación y auto-construcción en barrios populares. Se trata de una re-ingeniería relativamente sencilla de la administración pública federal y del modus operandi del INFONAVIT, de políticas urbanas visionarias y eficaces, de asignar recursos para el banco de tierra (procedentes de la eliminación de subsidios a los combustibles), y de activar a las empresas desarrolladoras  para aprovechar  fuerzas re-codificadas del mercado inmobiliario.

6 comentarios:

  1. eres un pobre pendejo

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  2. Te platico muy brevemente que la ex alcaldesa de San Luis que dejó el encargo a medio camino para irse de candidata al senado (y perdió) hace poco trascendió que vendió a un precio ridículo un area de reserva territorial destinada a equipamiento (las famosas áreas de donación) la zona mas cara de mi San Luis.

    La práctica por supuesto se replica en todos los niveles.

    Me doy cuenta que opinas lo mismo que yo sobre los DUIS, que se basan en una metodología interesante de agregar elementos sustentables desde el diseño, pero que se han convertido en un chiste barato en el momento de la ejecución puntual a nivel de impacto urbano. Nos falta densificar las zonas urbanas existentes, dotar de vida (utilidad, sustentabilidad, movilidad) a los centros históticos, crear subcentros urbanos... La tarea es enorme.

    Un saludo.

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  3. Este senor no es al que corrieron por intentar vender zona protegida

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  4. ¿Pero y el problema de la superpoblación?
    ¿Habrá suficientes recursos y cuidados médicos para subsistir a la población en ciudades tan habitadas?.

    Esa es mi pregunta, lamento que no haya ganado, y espero que no desista porque Mexico lo necesita .

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  5. Mentira cochina. El destino se juega no en la ciudad sino en el campo. ¿con qué jodidos vamos a cultivar sin petróleo (peak oil) si no es con las manos y la permacultura?

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