miércoles, 21 de diciembre de 2011

LEY CLIMÁTICA Y SUBDESARROLLO


En México, siempre que algo nos parece bueno hacemos una ley. Es el buenismo legislativo que no  afecta los intereses de nadie, nada cambia, y a nadie le cuesta, a veces, sólo al erario. Pero ganan los legisladores, que ahora se sienten prestigiados y satisfechos. Diría algún economista que se trata de arreglos Óptimos de Pareto en donde ellos quedan mejor, y nadie pierde. Es el caso de la Ley General de Cambio Climático aprobada  por el Senado buscando los reflectores de la triste COP 17 apenas clausurada en Sudáfrica.
Luchar seriamente contra el calentamiento global implica por un lado, modificaciones notables al sistema de precios a través de eliminar los subsidios al consumo de combustibles fósiles  y de imponerles un carbon tax. Por el otro, exige abolir o reestructurar los subsidios agropecuarios para que en vez de inducir la deforestación, la eviten y la reviertan, al tiempo que se construye un sistema de contratos por pago de servicios ambientales con los propietarios de la tierra. (En la práctica, a esto equivale el esquema REDD). Por su parte, la adaptación al cambio climático ya inevitable,  se traduce al castellano por medio de ambiciosas obras civiles de infraestructura hidráulica y de protección costera, y de mecanismos eficaces de  prevención de desastres. Obviamente, lograr todo lo anterior sólo puede ser resultado de cambios a leyes fiscales y de energía, y en las aplicables al sector agropecuario, principalmente, y en aquella legislación que tiene que ver con la infraestructura y las acciones relevantes de protección civil. Desde luego que una ley como la Ley General de Cambio Climático, no puede modificar a otras, aunque ingenuamente sugiera que deba hacerse (Artículo Octavo Transitorio).
El texto de esta nueva ley es todo corrección política, y  adjetivos que llaman a la virtud. Reitera atribuciones para los gobiernos locales, o las infiere de lo establecido en el Artículo 115 Constitucional, y los exhorta a hacer una serie de cosas buenas, lo cual, por supuesto, no tiene mecanismo alguno de instrumentación. Versa largamente en definiciones, principios y propósitos, y en la creación de nuevas burocracias, al estilo de las que existen y que probadamente no funcionan: Comisión Intersecretarial, Consejo, Coordinación, Fondo y Fideicomiso. Propone (sólo puede proponer) ejercicios minuciosos de planeación y de elaboración de estrategias, así como una cascada de programas sectoriales, estatales y municipales. También establece un nuevo Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (al menos en sustitución del actual INE), que por cierto,  a todas luces duplica a un centro similar que el gobierno federal trata de crear actualmente, como herencia a las generaciones futuras de políticos. Eso sí, plantea un registro de emisiones, y  un sistema de información que incluya proyectos y transacciones de carbono, al igual que la realización de inventarios que ¡ya existen!
La Ley obliga (es un decir) a hacer lo que ya se hace, como  plantas eléctricas que no generen más emisiones que las que produce hoy en día una central de gas de ciclo combinado, o a que el gobierno federal haga lo que lleva más de diez años diciendo que va a hacer: normas de emisiones de CO2 para vehículos.  A las empresas, las sujeta a hacer registros y reportes, so pena de fuertes multas, lo cual es irrelevante, y sólo añade burocracia: las emisiones de la industria privada son muy poco significativas en el inventario nacional. El momento culminante de la Ley es cuando pide  que se analice la posibilidad de retirar  los subsidios a los combustibles y a la electricidad... ¡en el 2020! En general, sus consecuencias jurídicas y de política pública tienden a cero.
 La ley asume el ofrecimiento de reducción de emisiones que hizo México en Copenhague y en Cancún, pero sólo si la comunidad internacional nos da dinero y nos sigue considerando país en vías de desarrollo ¡en el 2050! En suma, es un texto mendicante de Business as Usual,  y sobre todo, de compromiso de nuestro país... pero  con el subdesarrollo. Podemos olvidarla.

lunes, 12 de diciembre de 2011

CALENTAMIENTO GLOBAL, RESPUESTAS INTERNAS

La COP 17 en Durban, Africa del Sur, a punto de expirar, ha mostrado la incapacidad del sistema multilateral de negociación al interior de la ONU para afrontar el más importante desafío de acción colectiva internacional para el siglo XXI. La oferta europea de liderazgo está agotada, y su crisis financiera y existencial no le deja espacio para ocuparse decididamente del cambio climático. Además, Europa ha perdido relevancia en el tema, sus emisiones de gases de efecto invernadero ya son menos del 14% del total global.  La involución ideológica protagonizada en los Estados Unidos por la derecha religiosa, paraliza al Congreso y a la presidencia de Obama. China, el mayor emisor, aguarda a destronar a Estados Unidos como primera economía del  mundo, y a consolidar su liderazgo tecnológico en energías renovables, energía nuclear, baterías para autos eléctricos y eficiencia energética,  como plataforma hegemónica para el resto del siglo. Antes de eso, o antes del 2020, China no asumirá compromisos (ya lo advirtieron sus negociadores).

Entre Estados Unidos y China suman la mitad de las emisiones globales; Brasil e Indonesia, fundamentalmente por deforestación, contribuyen con otro 15%. Juntos, Rusia, la India y Japón, con un 10%. Sólo estas 7 naciones son responsables de las tres cuartas partes de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en el planeta. (México contribuye con un 2% aproximadamente). Si añadimos las emisiones de los demás países del G-20, se podrían contabilizar  alrededor del 90%. Entonces, ¿qué sentido tiene un engorroso proceso multilateral de negociación con más de 200 países participantes? Claro, los más afectados por el calentamiento global serán los países más pobres, pero sus lamentos no tienen efecto alguno sobre las decisiones estratégicas de China, ni sobre el nuevo fundamentalismo de derecha en los  Estados Unidos. Las emisiones van a seguir aumentando en los próximos años, haciendo inevitable un aumento en la temperatura promedio, probablemente, de más de tres grados centígrados hacia la mitad del siglo.

Los políticos de todos los países saben que el cambio climático es un problema difuso y de largo plazo, y nosotros, automovilistas, consumidores, productores agropecuarios, y empresas industriales, no estamos dispuestos a cambiar. Queremos combustibles y electricidad baratos, y cuantiosos subsidios agrícolas. Los políticos no son suicidas, además, actualmente, son mediocres; no van a emprender nada que no sea electoralmente rentable. Entonces, al menos en los próximos años, puede garantizarse que no habrá un nuevo régimen global de cambio climático con compromisos vinculantes para los países con mayores emisiones de gases de efecto invernadero.

¿Qué podría hacer México? Algo importante es olvidarse del Fondo Verde, no somos Sierra Leona, ni necesitamos de practicar la mendicidad,  y tampoco alcanza ya para ser candil de una calle multilateral cada vez más obscura. Debemos reconocer las oportunidades y riesgos que plantea el calentamiento global para una agenda, por lo pronto, fundamentalmente, nacional.  Las oportunidades están en emprender políticas buenas para fortalecer la competitividad de nuestra economía, y  las finanzas públicas, y que también reduzcan distorsiones en la distribución del ingreso, y desde luego, las emisiones de gases de efecto invernadero. De ellas ya hablamos en la entrega de la semana anterior, y se refieren a modificaciones en la política fiscal y de subsidios a los energéticos y al sector agropecuario, así como a la apertura del sector energético, y a una nueva política de vivienda y desarrollo urbano.


Los riesgos, son cada vez más patentes, y se ciernen sobre el sector agropecuario de temporal o de subsistencia (dependiente del régimen de lluvias), sobre la disponibilidad de agua en el centro y norte del país, sobre infraestructuras y poblaciones en costas y llanuras de inundación, y sobre la biodiversidad de México. Nadie nos va a pagar por mitigar estos riesgos, pero hay que empezar a hacerlo ya. Por ahora conviene voltear la mirada hacia adentro y dejar un poco al lado el glamur cada vez más gastado de la diplomacia climática.

viernes, 2 de diciembre de 2011

DESFACHATEZ EN EL CAMBIO CLIMÁTICO


En México, una política seria y eficaz de cambio climático requeriría esencialmente sólo cinco cosas: 1) Eliminar los subsidios a los combustibles automotrices y establecer sobre ellos un carbon tax, paralelamente a una reducción significativa en el binomio ISR-IETU;  2) Abrir a la competencia el sector eléctrico, eliminando los subsidios al consumo de electricidad para re-direccionarlos hacia el financiamiento a las fuentes renovables, desde luego, haciendo inteligente a la red eléctrica con la finalidad de aprovecharlas con eficiencia; 3) Eliminar o transformar los subsidios al campo que otorgan SAGARPA y SEDESOL que promueven la deforestación, como PROCAMPO, PROGAN y Oportunidades;  4) Abrir PEMEX a la inversión privada para abatir las emisiones fugitivas, el venteo y la quema de gas; y, 5) Reformar profundamente el Modelo INFONAVIT de desarrollo urbano que  induce la expansión caótica exo-urbana de las ciudades, y que ancla un patrón territorial de alto consumo de energía y de emisiones.
Son cosas que a todas luces deberían estar en cualquier agenda responsable y lúcida de gobierno, esenciales para fortalecer la competitividad de la economía mexicana, promover la inversión privada y el empleo, asegurar el Derecho a la Ciudad y a todos los demás derechos que le son subsidiarios (vivienda, educación, salud, empleo), y evitar grandes injusticias en la distribución del ingreso. Claro, además de abatir estructuralmente  las emisiones de gases de efecto invernadero y lograr un crecimiento económico y urbano eficientes, energéticamente diversificados, y  de baja intensidad de carbono.
Hacerlo requiere cambios en la Ley de Ingresos y en la Ley de Impuesto sobre la Renta, en los Artículos 27 y 28 Constitucionales, y en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Igualmente, implica modificaciones a  las reglas de operación (que son simples decretos presidenciales) de PROCAMPO, PROGAN, y Oportunidades), en la legislación de vivienda y del INFONAVIT (y probablemente en el Artículo 115 Constitucional),  y,  en la legislación reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia de petróleo. Se trata de legislación y de políticas en el ámbito fiscal, energía,  desarrollo rural, y de desarrollo urbano y vivienda.
Siendo serios, no puede pensarse que una posible Ley de Cambio Climático, como la que actualmente se promueve aquí y en la Cumbre Climática (COP 17) en Durban, pudiera en realidad abrogar a toda la legislación que se le oponga. Mucho menos, si ni siquiera se lo propone, y sólo transcurre en declaraciones reiterativas y bonachonas y en preceptos cuya motivación fundamental es crear nuevos mecanismos burocráticos (Sistema, Comisión Consejo, planes y programas, Fondo Verde y Comité Técnico, registros y trámites de emisiones a las empresas, y supuestos mercados). No pasaría de ser otro más de los ejercicios legislativos autocomplacientes e irrelevantes a los que estamos acostumbrados, si no fuera porque desinforma a la opinión pública, desvía la atención de lo verdaderamente importante,  legitima la inacción, y pinta de ingenuidad a las políticas climáticas. Puede percibirse también un aroma de hipocresía en esta iniciativa de ley ante la comunidad internacional. Algunos la justifican con la jeremiada de que así, México va a captar dineros extranjeros, en especial de su mascota preferida en las negociaciones internacionales,  el llamado Fondo Verde, que espera ser parido en alguno de los happenings cada vez menos trascendentes en que se han convertido las cumbres de cambio climático.

La verdad es que con esta iniciativa de ley de cambio climático, en el contexto del Fondo Verde, sería un poco vergonzoso que México quiera equipararse a Mozambique,  a Nepal, o Haití, si  extiende una mano mendicante a otros países y a entidades multilaterales. Sobre todo, cuando nuestro gobierno despilfarra anualmente más de 20 mil millones de dólares del presupuesto federal  en subsidiar el derroche energético y la deforestación. Esta cantidad es equivalente a todo el financiamiento comprometido por la comunidad internacional en Copenhague (COP 15) y Cancún (COP 16) para ayudar a los países pobres a luchar y a adaptarse al cambio climático a partir del 2012.  Vaya desfachatez...