lunes, 31 de octubre de 2011

CAPTURA REGULATORIA TRÁGICA, COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA


El silencio puede ser revelador; callando se asumen la culpa y la impotencia, o la complicidad. Al dejar que se consume la tragedia de Cuatro Ciénagas, apostándole a la indiferencia y el olvido, la Comisión Nacional del Agua nos ofrece un lamentable espectáculo de conflicto de interés institucional. Los actores son los agricultores de alfalfa de esa región del desierto de Coahuila, proveedores de una emblemática industria lechera. Ellos sobreexplotan, detentan, y agotan los recursos hídricos superficiales y subterráneos. Como consecuencia, despojan a las lagunas y pozas de Cuatro Ciénagas del líquido vital que ha permitido la existencia de extraordinarios ecosistemas acuáticos, especies y genomas primigenios durante decenas de millones de años.  No pasaría de ser un episodio más de disfunción gubernativa, si no entrañara una calamidad ecológica irreversible, y un terrible atropello al patrimonio biológico del planeta. Y si además no conllevara un desacato flagrante a instrucciones y compromisos expresos del Presidente de la República.

La Comisión Nacional del Agua (CNA) atiende a dos clientelas prioritarias: a los organismos municipales operadores de agua, y a los agricultores de distritos y unidades de riego. A ellos  se debe, envuelta un permanente conflicto de interés,  donde obviamente elude la responsabilidad de regular a ambos. Es un ejemplo palmario de captura regulatoria.  A los municipios les  concede impunidad en la descarga de aguas residuales urbanas sin tratamiento, fuente primordial de contaminación y degradación ecológica de ríos y de aguas costeras. Violan la ley y la normatividad (NOM-001-SEMARNAT) bajo su mirada paternal, y simplemente no les cobra, o les condona el pago de derechos por medio de diversos programas (PROSANEAR, PAS). CNA no puede ser regulador, estando inmersa en un esquema de relaciones cliente-proveedor con los gobiernos municipales. Se requiere una entidad regulatoria autónoma distinta de la CNA en materia de servicio público de agua potable; al igual que en materia de aguas residuales y contaminación de cuerpos de agua federales (en este último caso debería ser la PROFEPA, si fuera dotada de las capacidades institucionales necesarias).

A los agricultores los atiende en 85 distritos de riego (transferidos a ellos en los años noventas) y en cerca de 40 mil unidades de riego, que ocupan  6.5 millones de hectáreas. Utilizan  casi el 80% del agua consumida en México, que para ellos es esencialmente gratuita, y se les libera de toda responsabilidad ante gravísimos problemas de contaminación difusa del agua por plaguicidas y fertilizantes. Sobreexplotan y llevan al agotamiento a más de 100 acuíferos subterráneos estratégicos, entre ellos, el que abastece a Cuatro Ciénagas. La CNA es apoyada en la sobrexplotación de acuíferos por la Comisión Federal de Electricidad, que subsidia anualmente el consumo eléctrico de los agricultores, en el bombeo de aguas subterráneas destinadas al riego, con un promedio de 10,000 millones de pesos anuales.  La CNA no puede regular a una clientela política tan importante, menos aún, en el caso de Cuatro Ciénagas, cuando forma parte de un poderoso conglomerado lechero  de alcance nacional.

La CNA evade el hecho de que además de usos urbanos, agrícolas, industriales y de servicios, el agua cumple una función ecológica vital, que es abastecer a ecosistemas acuáticos, como Cuatro Ciénagas, que debieran ser considerados usuarios tan legítimos como los demás. No tienen voz, no ejercen presiones, no demandan subsidios, no pagan favores políticos. Nadie los representa ni hay contrapesos institucionales ambientales al establishment agroindustrial. La institucionalidad del llamado sector aguarefleja claramente estas circunstancias e intereses. Sólo reciben interlocución organismos operadores municipales, y organizaciones de agricultores de riego. Son excluidos científicos y conservacionistas, y la propia SEMARNAT, que en teoría encabeza al sector (sólo en teoría). Sin representación y sin regulación, Cuatro Ciénagas está condenado. La CNA calla,  paralizada por sus conflictos de interés. ¿Qué valen las instrucciones, promesas y compromisos del Presidente de la República?

viernes, 21 de octubre de 2011

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, CONTRA EL PLANETA


En Cuatro Ciénagas, Coahuila, Área Natural Protegida, México se empeña en exterminar un conjunto de ecosistemas de singularidad y antigüedad insólitas. Pronto, de no mediar una intervención urgente y decidida de la Presidencia de la República, nuestro país  habrá perpetrado un acto vandálico extremo  sobre el patrimonio biológico del planeta. El valle de Cuatro Ciénagas es un prodigioso ensamble de oasis de lagunas y pozas color turquesa, entre montañas majestuosas del desierto coahuilense que han sido esculpidas por las fuerzas telúricas más arcaicas y poderosas. Hace 220 millones de años fue mar, que penetró al romperse el continente único de Pangea. Al configurarse geológicamente América del Norte hace 35 millones de años, y retirarse el mar, microorganismos, peces y reptiles, entre otras muchas especies marinas, se adaptaron a vivir en agua dulce, creando comunidades biológicas sin parangón, sólo existentes ahí y en ningún otro sitio; absolutamente endémicas. Sobresalen los estromatolitos, estructuras construidas por microorganismos de  miles de millones de años de antigüedad, que se cuentan entre los primeros organismos productores de oxígeno habitantes de la tierra. Su genoma, de la vida más temprana,  es un tesoro científico invaluable.  

Pozas y lagunas, en medio del desierto, se han nutrido durante decenas de millones de años de manantiales y arroyos permanentes abastecidos por  acuíferos subterráneos. Hoy en día, en una de las lagunas más grandes (Churince) se revela la dimensión de una tragedia ecológica indecible: “Lo que hay ahora es un tapete macabro de peces muertos, rastros de tortugas buscando agua desesperadas para acabar enterrándose en el último lodo que queda, entre estromatolitos muertos. En un pequeño charco, de no más de cinco metros de largo, en estos momentos, se debaten los últimos 200 ejemplares de Sunfish del ecosistema – y del mundo” (Dra. Valeria Souza).

La causa: la incapacidad de la Comisión Nacional del Agua (CNA) para evitar que los agricultores de alfalfa, proveedores de conocida industria lechera de la región, detenten, sobreexploten, derrochen y agoten los acuíferos de los cuales dependen los ecosistemas acuáticos de Cuatro Ciénagas. Todo, a pesar de un compromiso y orden presidencial hechos hace más de cuatro años. Los productores de alfalfa – uno de los cultivos con mayor demanda de agua establecido ¡en el desierto! –  además de drenar los manantiales, bombean agua del subsuelo gracias a los derechos otorgados por la CNA y a un cuantioso subsidio eléctrico concedido por la Comisión Federal de Electricidad. Explotan más de 50 millones de metros cúbicos de agua al año, mientras que la recarga natural del acuífero es de menos de la mitad. La propia CNA reconoce oficialmente esa condición irracional de sobreexplotación. La última esperanza que tenía la laguna de Churince, cerrar la compuerta de los drenes, se ha desvanecido, y ha sido abierta nuevamente por los agricultores, privando a la laguna de sus postreras gotas de sangre. En nuestras narices. Pueden más los intereses lecheros que la historia biológica del planeta y que el portento ecológico de Cuatro Ciénagas.

A estas alturas del drama, sólo el Presidente Calderón puede impedir el terrible desenlace final. La incuria, la dejadez, la burocracia, los intereses, las complicidades y la indiferencia no pueden ser desmadejadas ya a través de procedimientos administrativos y regulatorios convencionales. De no hacerlo urgentemente, uno de los estigmas ecológicos más oprobiosos posibles nos señalará  aún más en estos años sombríos.


Es de una urgencia absoluta la intervención Presidencial:  para expropiar, cancelar o comprar perentoriamente los derechos de explotación del agua en Cuatro Ciénagas; declarar veda total a la extracción de agua para usos agrícolas y hacerla cumplir –  incluso por la fuerza; cerrar inmediatamente todas las compuertas de los canales que drenan los manantiales;  cancelar ahora mismo el bombeo de aguas subterráneas; y, emprender cuanto antes los trabajos necesarios para restablecer plenamente el flujo natural de agua a todas las pozas y lagunas.  Habrá que pagar las legítimas indemnizaciones que procedan.  Miles de millones de años lo observan con angustia.

viernes, 14 de octubre de 2011

TRENES DE ALTA VELOCIDAD PARA MÉXICO (¡!)


En un país sin proyecto nacional y casi sin proyectos relevantes de ingeniería e infraestructura, parece fatuo o ingenuo hablar de trenes de alta velocidad. No obstante, estimular la imaginación tal vez nos ayude a entender mejor nuestro  pantanoso estancamiento. Más del 97% de los viajes interurbanos en México se llevan a cabo en autotransporte carretero; el resto, en avión. En esencia, esta es la estructura modal del transporte interurbano de pasajeros, apuntalada por un subsidio masivo a los combustibles automotrices, que en 2011 superará los 170 mil millones de pesos. Tal cantidad es diez veces mayor al gasto del Estado en ciencia y tecnología, cuatro veces mayor al gasto en medio ambiente y agua, más de cinco veces el gasto en seguridad pública, más del doble del presupuesto en comunicaciones y transportes, 80 % del gasto en educación, seis veces el presupuesto de la UNAM, y casi 100 % más del presupuesto en salud. 
Independientemente de la perversión fiscal que implica, el esquema de subsidios y la estructura modal del transporte a la que subyace inducen una ineficiencia energética extrema, y  emisiones  desbocadas de gases de efecto invernadero (la fuente más importante en el inventario nacional de emisiones). Desde luego, es también notable la distorsión  que imponen al desarrollo urbano, promoviendo asentamientos digitales extendidos y dispersos a lo largo de carreteras, y el abandono y decadencia de las zonas centrales de las ciudades.
No tendría por qué ser así ineluctablemente. Existen numerosos corredores o pares origen y destino con altas densidades  entre la Ciudad de México y Monterrey, Guadalajara, Toluca y Morelia, Puebla, y el corredor de Querétaro al bajío y a Aguascalientes. Dependiendo de la tecnología utilizada,  de la topografía, y del número de estaciones intermedias, el  costo de una línea de ferrocarril de alta velocidad – a más de 300 kilómetros por hora – al estilo francés (TGV), español (AVE), alemán (ICE), italiano (ETR 500), japonés (Shinkansen), coreano (KTX), o chino, puede rondar los 1,500 millones de dólares por cien kilómetros, incluyendo construcción, equipo rodante, vías, sistemas de control, electrificación, y estaciones. No porque sea deseable una inversión gubernamental completa (lo ideal serían asociaciones público – privadas), sino sólo como referencia, México podría construir cada año cerca de 900 kilómetros de ferrocarriles de alta velocidad aplicando para ello el presupuesto que hoy se destina a subsidiar los combustibles fósiles. Así, en sólo tres años, en este ejercicio de imaginación delirante, México tendría una red de trenes de alta velocidad cubriendo sus corredores o pares origen y destino estratégicos, que sería más extensa que las de Francia, España, Alemania e Italia (China ya ostenta 4,000 km de vías de alta velocidad). Este tipo de trenes están en fase de planeación o desarrollo en Estados Unidos, Argentina, Brasil, Sudáfrica, Australia, la India y muchos países más.
Los trenes de alta velocidad tienen la capacidad de acelerar notablemente no sólo la movilidad interurbana, sino la productividad, la generación de empleos y el desarrollo económico de las ciudades a las que sirven; además de sus ventajas ambientales y en materia de emisiones de gases de efecto invernadero. Las estaciones, ubicadas en áreas centrales de las ciudades, promueven la revitalización urbana,  proyectos  inmobiliarios de alta densidad, y usos mixtos de vivienda, servicios y oficinas, lo que contribuye a generar ciudades compactas acopladas a sistemas intermodales de transporte público y a movilidad peatonal y no motorizada, así como mercados laborales más accesibles y eficientes.


Desde luego se requeriría del liderazgo del Gobierno Federal en materia de planeación, financiamiento, ejecución y operación, y la creación de corporaciones público – privadas con capacidad de  coordinar la adquisición de derechos de vía, y el desarrollo de predios para estaciones y centros intermodales (y en el DF, combatir al acechante ambulantaje). Todo es ahora un desvarío onírico, en este México atascado. Pero, tal vez un gobierno de coalición.….

viernes, 7 de octubre de 2011

¿DERECHO A LA VIVIENDA O A LA CIUDAD?


Ciertamente, la vivienda es un derecho consagrado en la constitución, como muchos otros derechos sociales (salud, educación, empleo, medio ambiente). Pero no puede hacerse efectivo atropellando a otros, o sembrando el caos en el territorio nacional. Menos aún, sin saberlo, o negándolo, mientras se afirma, rumbo al despeñadero, que vamos por la ruta correcta. Nadie rechaza que la vivienda sea una necesidad, ni que el Estado trabaje para satisfacerla. Lo que ocurre es que a algunos (o a muchos) nos parece lamentable que se haga de una manera tan fútil que acabe anulando al propio concepto de derecho a la vivienda. Más todavía, cuando se  facturan a futuro o a terceros, costos sociales, ambientales, energéticos, urbanos y climáticos astronómicos. La vivienda mínima, sin ciudad y sin tejido urbano, es una célula física destinada a incubar frustración, conductas y atmósferas antisociales, y delincuencia.  El derecho a la vivienda, sin derecho a la ciudad  es una peligrosa involución civilizatoria.

El modelo INFONAVIT de financiamiento masivo a  viviendas infinitesimales en México  está en quiebra. Es un esquema de subsidio, apalancamiento  e intermediación, y minimización extrema en el costo de las viviendas, maximizando su número, y los beneficios por volumen a las empresas desarrolladoras. Se despliega en un mercado de tierra que ostenta externalidades múltiples y de gran alcance – totalmente ignoradas –  pero que carece de regulación para todo fin práctico. Todos conocemos y sufrimos la debilidad institucional y regulatoria de los gobiernos locales en México. Si no son capaces de hacerse cargo de la más elemental seguridad pública, mucho menos de las externalidades del mercado de tierra, especialmente en su periferia; y mientras el Gobierno Federal es funcional y/o jurídicamente incapaz de suplirlos o de coordinarse con ellos en estas tareas, ya que no tiene facultades ni quiere asumirlas. ¿En verdad creemos  que los municipios ejercen (como lo  sueña el Artículo 115 Constitucional) responsabilidades de tal envergadura, siendo efímeros – gobiernos de sólo tres años –  frecuentemente corruptos, menesterosos, y fiscalmente ineptos?

Las externalidades negativas del modelo INFONAVIT son abrumadoras. Se contextualizan en una versión lumpen de crecimiento  suburbano disperso  (urban sprawl –  ¿cómo se traduce al español de una manera concisa?), en unidades habitacionales lejanas y dislocadas. Incluyen  la privación a los adquirientes de vivienda  del  acceso a la ciudad, de espacio público funcional y de los estímulos, amenidades y oportunidades que sólo la vida urbana densa y diversa ofrece. Impone grandes costos per cápita de infraestructura y servicios, y de movilidad. Multiplica el número de viajes en vehículo y las distancias recorridas, y por tanto, el consumo de combustibles y las emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, el modelo INFONAVIT ancla sobre el territorio y para el largo plazo, un patrón de uso profundamente ineficiente en términos energéticos y ambientales. Mientras tanto, a las familias, las condena al ostracismo social, y  a una deficiencia estructural de estímulos visuales, culturales, cívicos y comunitarios. Estos costos encubiertos  recaen en familias, individuos y  gobiernos municipales; se pagan en el ámbito público y privado. Con el tiempo se revela que exceden a los beneficios, y la vivienda y la hipoteca se abandonan. Se inocula así el virus de  una futura crisis hipotecaria.



Si fuéramos serios, alguien tendría que contabilizar rigurosamente tales costos o externalidades negativas, así como se contabilizan con jactancia las unidades de vivienda construidas (cuatro millones en los últimos diez años). La manufactura a gran escala y en serie de vivienda suburbana a mínimo costo debe entrar en pausa, mientras se diseña un nuevo paradigma viable y sostenible. No se trata de negar el financiamiento hipotecario a los trabajadores, sino de posponerlo durante un breve período; para no defraudarlos, ni en su bolsillo ni en suderecho a la ciudad.