La urbanización de México es creciente (aunque menos de lo deseable) y debe acelerarse. Atrás quedó el mito de la arcadia campesina. Desarrollo, productividad y abatimiento de la pobreza son consustanciales a la ciudad. También la sustentabilidad. Es verdad que en la ciudad hay pobres, pero lo eran mucho más antes de emigrar desde su lóbrego terruño rural. La ciudad les cumple, a ellos o a la generación siguiente. Por cierto, es preciso denunciar los esquemas de subsidios al campo (como PROCAMPO) que lastran este proceso. De acuerdo a los resultados del censo, es posible concluir que lo han hecho con siniestra puntualidad. Al aumentar el costo de oportunidad de la emigración a la ciudad, es muy probable que PROCAMPO y otros subsidios rurales hayan profundizado la pobreza y la desigualdad, al anclar artificiosamente a la población campesina en un mundo de baja productividad, destrucción ecológica, ausencia de servicios, y pésima educación. En cualquier caso, el horizonte de urbanización para México, que aún mantiene un porcentaje altísimo de población rural (24%), es vasto y desafiante. Implica hacer ciudades competitivas y con calidad de vida digna, donde sean palmarias las ventajas de la aglomeración de talento, de infraestructura y servicios, de inversión, y de estímulos económicos, intelectuales, culturales y psicológicos vitales. Ahora, recordemos que el instrumento más rotundo y expedito de hacer ciudad es hacer vivienda. La morfología, dinámica, estructura, funcionalidad, eficiencia, y sustentabilidad de las ciudades dependen de las políticas de vivienda. Hoy, el desarrollo urbano del país transcurre, como todo el mundo sabe, en un escenario caótico y descoyuntado. Se maximiza el valor privado para los desarrolladores y ejidatarios, mientras se satisface una demanda de la peor manera, a costa de grandes males públicos. Seguir por esta ruta en las próximas décadas, construyendo así más de un millón de viviendas anuales es algo ciego y demencial. Los subsidios a la vivienda, el crédito hipotecario, y los recursos de derechohabientes de INFONAVIT, FOVISSSTE y otros, se otorgan individualmente, o se tramitan de manera corporativa (como en el Distrito Federal, con la lógica del partido en el poder y sus clientelas), y sin referencias operativas a la localización, coherencia social e integración urbana de la vivienda. No tiene porqué ser así.
CONAVI e INFONAVIT poseen las llaves para hacer que las políticas de vivienda catalicen el desarrollo de ciudades sostenibles, al promover urbanizaciones contiguas, verticales y densas con diversidad de usos, accesibles e integradas a la ciudad, y servidas eficientemente por transporte colectivo. Conlleva una re-ingeniería en las políticas de vivienda. En lo que corresponde a los subsidios de CONAVI, éstos deben, al menos parcialmente, reconfigurarse para la constitución de una reserva territorial urbana de vivienda. Por este medio, la CONAVI compraría y/o expropiaría tierra urbana, en zonas con servicios, y preferentemente en áreas subutilizadas y en decadencia (como antiguas áreas industriales y centros históricos). Se concursaría en cada predio un proyecto de vivienda vertical, densa, con servicios e integrada al entorno y al sistema urbano. Al ganador se le transferiría la tierra en comodato, y después, en propiedad en condominio a los adquirentes.
Por su parte, el INFONAVIT establecería una nueva modalidad de hipoteca sustentable, adicional a la actual hipoteca verde. Dejaría de financiar desarrollos habitacionales segregados, por un lado. Por el otro, elevaría el valor de las hipotecas para adquirientes en zonas urbanas, centrales y con servicios, en proyectos de cierta densidad, e insertados en áreas con diversidad en los usos del suelo y acceso a transporte colectivo. Los adquirientes podrían pagar con creces la hipoteca incremental con los ahorros resultantes en transporte y acceso a otros servicios. (Victor Borrás, Director de INFONAVIT reconoce que “existen familias que gastan 500 pesos mensuales en el pago de su hipoteca, pero hasta 1,000 pesos en transporte”. Reforma, Negocios. Febrero 4, 2011).
A grandes brochazos, y detalles de diseño y operación aparte, así podría enfrentarse el problema de los altos costos del suelo urbano. Significaría que el gobierno federal retomara por la vía de los hechos capacidades para configurar patrones sustentables de desarrollo urbano, sin necesidad de modificar el Artículo 115 Constitucional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario