viernes, 29 de abril de 2011

La Ciudad, la Izquierda y la Supervía (II y último)


Santa Fe fue un error urbano. Impuso la sub-urbanización y el abandono de la ciudad central, extendió con esnobismo el marco espacial de actividades en la metrópolis, con el automóvil como llave única de accesibilidad. Santa Fe  quiso condenar a la ciudad a la mediocridad de bajas densidades  en pocos niveles, y a la decadencia, y con ello a la ineficiencia económica, ambiental y energética. La dejó a merced del nimbismo (not in my backyard) que se opone a nueva infraestructura y a edificaciones altas de vivienda y oficinas, con las argumentaciones vecinales y provincianas de siempre. Un ingenuo (o perverso) ambientalismo fue cómplice – “aquí no, que se haga en otro lado” – como ocurre ahora en las Lomas de Chapultepec con el edificio de Dahnos. No saben, o no quieren saber, que opera una “ley espacial de la conservación de la construcción” (como la conservación de la materia y la energía). Esto es, si no se construye en áreas centrales, se hará en áreas periféricas, al costo de un mayor consumo de recursos territoriales, combustibles y mayor huella de carbono. Phoenix contra Manhattan. El triunfo en eficiencia y sustentabilidad,  y también en  competitividad, pertenece a ciudades densas y verticales, donde la movilidad transcurre a pié o en medios de transporte público, un una mezcla intensa y vibrante de usos de suelo, donde la proximidad física, social y humana enriquece y estimula la productividad y la convivencia, y favorece la seguridad pública.
Santa Fe fue concebida por SERVIMET (ya liquidada) como  epítome de modernidad; anzuelo snob irresistible para muchos.  Santa Fe asombra, encandila a la distancia, aunque el acercamiento revela un desgobierno vergonzoso (baches, basura, ausencia de banquetas, desaliño urbano). Santa Fe ha sido  un mundo exclusivo para automóviles (ahora, para una inmensa flota de SUV´s que envidiaría el Cártel del Golfo, líderes sindicales, y diputados), ensamblado a partir de claustros cerrados, edificios monumentales pero autistas y sin diálogo con un espacio público inhóspito. Las calles fueron erradicadas como elemento de orden, estructura y encuentro social, y destinadas a ser sólo paso de vehículos anónimos. En un delirio de exclusión, Santa Fe olvidó su conectividad con la ciudad, y servicios elementales para sus empleados y trabajadores.  El gobierno de López Obrador  abultó la hernia urbana, al aprovechar las plusvalías de los terrenos remantes de lo que fue SERVIMET, y que de facto buena parte de ellos constituían reservas ecológicas. Ordenó que la ALDF cambiara las regulaciones de uso del suelo, aumentó las densidades permitidas y abrió la puerta a su urbanización. Los terrenos se permutaron entonces de manera opaca por una victoria electoral a la vista, que sería obtenida con el segundo piso al periférico, y puentes que integrarían a Santa Fe con la ciudad.  La victoria electoral no llegó, tampoco los puentes desahogaron la hernia; estúpidamente, sólo condujeron a callejuelas estrechas, y la congestión se trasladó dos barrancas más allá. No es posible conocer los detalles, ya que el expediente está reservado, pero las obras viales se financiaron  con cargo al erario, al patrimonio inmobiliario, y a las áreas verdes de la ciudad. Lo peor fue un Segundo Piso improvisado y con una fealdad y calidad urbanística atroces.
¿Qué hacer con la hernia? ¿Dejar que se estrangule y gangrene? Aunque esto podría ser cínicamente asumido como posibilidad, como política sería suicida, y su costo, astronómico; haría, durante un tiempo largo, más cruel el viacrucis para los trabajadores de Santa Fe. LaSupervía es entonces una intervención (by pass terapéutico) realista e impostergable. Los costos ambientales desfavorables que pueda tener su construcción son perfectamente mitigables, y son superados por sus beneficios.  Los argumentos catastróficos  no pueden tomarse en serio. Quienes la usemos, pagaremos  los costos de capital, operación y mantenimiento, y el  precio (cuota) se ajustará a la demanda para lograr su utilización eficiente.  Mejor; conllevará un nuevo sistema de movilidad colectiva a través de una línea especializada de autobuses  de RTP, para desahogar uno de los pares de origen y destino que más viajes por persona genera  la ciudad (Sur – Poniente). En todo caso, debe ser exigible  un diseño de calidad de puentes y viaductos, con gracia y elegancia arquitectónica.

viernes, 15 de abril de 2011

La Ciudad, la Izquierda y la Supervía (I)


De la construcción y renovación de infraestructuras dependen las capacidades adaptativas de la ciudad, su economía, calidad de vida, competitividad,  y funcionalidad. No es sencillo para un gobierno surgido  del partido emblemático de la izquierda hacerlo con fórmulas audaces, modernas e innovadoras de alianza público - privada, aún si se trata de proyectos  esenciales para la urbe, como es la Supervía. 
Esto es  más difícil  cuando se contradice una visión de gobierno heredada por el Gran Líder López obrador, y  que ha sido asumida fervorosamente como canónica por amplios sectores de la propia izquierda mexicana ante su anemia intelectual. El tiempo transcurrido permite ya observar serenamente la herencia, sin el velo de épica ramplona en que envolvió su gestión al frente del gobierno del DF entre el 2000 y el 2005. Por un lado, destaca la restauración paternalista, inhibidora de ciudadanía y responsabilidad individual, por medio de la gratuidad o subsidio generalizado a los servicios públicos, y la distribución extensa de subvenciones o dádivas a grupos de interés reclutados así como electores cautivos. Por el otro, la entrega en forma casi institucionalizada del espacio público y otros servicios vitales a organizaciones corporativas adheridas al partido en el poder – como el ambulantaje, propietario ahora de plazas, calles, parques, paraderos,  inmediaciones de estaciones del metro y de hospitales públicos, ¡y aún de la Alameda Central y Chapultepec! Debe abonarse a esta visión, también,  el abandono deliberado y la decadencia de  bienes públicos  estratégicos  de la ciudad, que son de baja fecundidad en rendimientos clientelares de corto plazo y cuyo mantenimiento es  costoso, como el metro, el drenaje profundo, el sistema de aguas, y el aparato  de seguridad, así como trabajos elementales de bacheo y aseo urbano; y ello, a pesar del ejercicio relajado del presupuesto hecho posible por un endeudamiento galopante. La deuda pública del Distrito Federal aumentó casi en un 100% entre 1999 y 2006, de 22,962 a  45,608 millones de pesos. Un complemento necesariamente pragmático de esta visión fue la construcción de prominentes obras viales de uso gratuito, de pésima calidad, financiadas con recursos públicos o cínicas transacciones con empresas constructoras, motivadas por la intención de ganar la benevolencia electoral de clases medias y altas.
La Supervía, obra concesionada y de cuota,  confronta esa visión. Por tanto es un proyecto riesgoso, cuando está en juego una candidatura presidencial y cuando el adversario (López Obrador), además vicario del canon, es capaz  de movilizar  huestes y otros medios en contra.  También, cuando la oposición política  en la ciudad se suma al sabotaje  en un mezquino cálculo de suma cero, y ve engrosadas sus filas con la peregrina Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Y, desde luego, cuando se trata de un proyecto de interés general que conlleva  compensar con justeza ciertos impactos ambientales, al igual que a propietarios y vecinos afectados.
La Supervía es uno de los pocos medios existentes para aliviar la abultada hernia que se estrangula dolorosamente al poniente de la ciudad, en Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Cuajimalpa,  cuya población se ha quintuplicado desde 1970. Santa Fe es su tejido neurálgico, que induce  un crecimiento explosivo de vivienda media y alta en sí misma, y en su  zona adyacente de Las Águilas y Tarango. Se extiende por lomas y barrancas infartadas con congestionamientos bíblicos, apenas conectadas por  vialidades tortuosas, entre topes, escuelas, comercios, ambulantes, semáforos,  paraderos, y desde luego, vecinos enloquecidos por el tráfico. Miles de personas que trabajan en Santa Fe deben viajar por ahí durante horas para ganarse la vida y mantener sus empleos. Cada día se llevan a cabo más de 65 mil viajes en auto y 95 mil en transporte público entre el sur y el poniente de la ciudad. El 60% de los traslados tardan más de dos horas y media en promedio, llevándose el doble de tiempo quienes los hacen en transporte público. El congestionamiento se transmite en metástasis hasta las Lomas de Chapultepec por Reforma y Constituyentes, por quienes buscan una vía alternativa para acceder a Santa Fe desde el sur; el Periférico se sobrecarga y satura absurdamente no sólo  con los viajes norte – sur, sino también con los sur – poniente. Soslayar este problema desde el gobierno no sólo sería irresponsable sino inhumano.

viernes, 8 de abril de 2011

CIUDADES Y CAMBIO EN POLÍTICAS DE VIVIENDA (II Y ÚLTIMO)

La urbanización de México es creciente (aunque menos de lo deseable) y debe acelerarse.  Atrás quedó el mito de la arcadia campesina. Desarrollo, productividad y abatimiento de la pobreza son consustanciales a la ciudad. También la sustentabilidad.  Es verdad que en la ciudad hay pobres, pero lo eran mucho más antes de emigrar desde su lóbrego terruño rural. La ciudad les cumple,  a ellos o a la generación siguiente. Por cierto, es preciso denunciar los esquemas de subsidios al campo (como PROCAMPO) que lastran este proceso. De acuerdo a los resultados del censo, es posible concluir que lo han hecho con siniestra puntualidad. Al aumentar el costo de oportunidad de la emigración a la ciudad, es muy probable que PROCAMPO y otros subsidios rurales hayan profundizado la pobreza y la desigualdad, al anclar artificiosamente a la población campesina en un mundo de baja productividad, destrucción ecológica, ausencia de servicios, y pésima educación.  En cualquier caso,  el horizonte de urbanización para México, que aún mantiene un porcentaje altísimo de población rural (24%), es vasto y desafiante. Implica hacer ciudades competitivas y con calidad de vida digna, donde sean palmarias las ventajas de la aglomeración de talento, de infraestructura y servicios, de inversión, y  de estímulos económicos, intelectuales, culturales y psicológicos vitales.

Ahora, recordemos que el instrumento  más rotundo  y expedito  de hacer ciudad es hacer vivienda. La morfología, dinámica, estructura, funcionalidad, eficiencia, y sustentabilidad de las ciudades dependen de las políticas de vivienda. Hoy, el desarrollo urbano del país transcurre, como todo el mundo sabe, en un escenario caótico y descoyuntado.  Se maximiza el valor privado para los desarrolladores y ejidatarios,  mientras se satisface una demanda de la peor manera, a costa de grandes males públicos. Seguir por esta ruta en las próximas décadas, construyendo así más de un millón de viviendas anuales es algo ciego y demencial. Los subsidios a la vivienda, el crédito hipotecario, y los recursos de derechohabientes de INFONAVIT, FOVISSSTE  y  otros,  se otorgan individualmente, o  se tramitan de manera corporativa (como en el Distrito Federal, con la lógica del partido en el poder y sus clientelas), y sin referencias operativas a la localización, coherencia social e integración urbana de la vivienda.  No tiene porqué ser así.
CONAVI e INFONAVIT  poseen las llaves para hacer  que  las políticas de vivienda catalicen el desarrollo de ciudades sostenibles, al promover urbanizaciones contiguas,  verticales y densas con diversidad de usos, accesibles e integradas a la ciudad, y  servidas eficientemente por  transporte colectivo. Conlleva una re-ingeniería en las políticas de vivienda.  En lo que corresponde a los subsidios de CONAVI, éstos deben, al menos parcialmente, reconfigurarse para  la constitución de una reserva territorial urbana de vivienda. Por este medio, la CONAVI compraría y/o expropiaría tierra urbana, en zonas  con servicios, y preferentemente en áreas subutilizadas y en decadencia (como antiguas áreas industriales y centros históricos). Se concursaría en cada predio un proyecto de vivienda vertical, densa,  con servicios e integrada al entorno y al sistema urbano. Al ganador se le transferiría la tierra en comodato, y después,  en propiedad en condominio a los adquirentes.

Por su parte, el INFONAVIT establecería una nueva modalidad de hipoteca sustentable, adicional a la actual  hipoteca verde.  Dejaría de financiar desarrollos habitacionales segregados, por un lado. Por el otro, elevaría el valor de las hipotecas para adquirientes en zonas urbanas, centrales y con servicios, en proyectos de cierta densidad, e insertados en áreas con diversidad en los usos del suelo y acceso a transporte colectivo. Los adquirientes podrían pagar con creces la hipoteca incremental con los ahorros resultantes en transporte y acceso a otros servicios. (Victor Borrás, Director de INFONAVIT reconoce que “existen familias que gastan 500 pesos mensuales en el pago de su hipoteca, pero hasta 1,000 pesos en transporte”. Reforma, Negocios. Febrero 4, 2011).

A grandes brochazos, y detalles de diseño y operación aparte, así podría enfrentarse el problema de los altos costos del suelo urbano.  Significaría que el gobierno federal retomara por la vía de los hechos capacidades para configurar  patrones sustentables de desarrollo urbano, sin necesidad de modificar el Artículo 115 Constitucional.

viernes, 1 de abril de 2011

CIUDADES Y CAMBIO EN POLÍTICAS DE VIVIENDA (I)

La urbanización del país es evidentemente caótica.  Aunque no se reconozca, y menos se asuma, las políticas de vivienda determinan esta dinámica. Hacer vivienda es hacer ciudad. Las ciudades crecen en los tiempos y formas que les dicta el sistema nacional de subsidios y financiamiento hipotecario a la vivienda. De hecho, a pesar de que está fuera del campo visual y de facultades expresas del sector vivienda, es el único instrumento real y operativo que tiene el gobierno federal en materia urbana. Lo ignoramos. Recordemos que desde décadas atrás, el Artículo 115 Constitucional cedió a los municipios todas las facultades relevantes de planeación y regulación en los usos del suelo. Así nos ha ido. Cada año se construyen más de un millón de viviendas en México, y se despliegan sobre el territorio en un patrón inteligible sólo con la lógica del suelo barato (ejidal), en un vacío regulatorio por la incapacidad y miopía de gobiernos locales (administraciones de sólo tres años), y prácticas arraigadas de clientelismo político y corrupción.
Primero se pueblan sitios inconexos formando un cuadro desordenado de parches  sobre el territorio, con viviendas impersonales sin espacios funcionales de convivencia y recreación. Después se introducen servicios, y el transporte público llega (si acaso) en condiciones  irregulares. El aislamiento obliga a desplazamientos de altísimo costo. Los gobiernos municipales son incapaces de solventar las carencias de esos tumores peri-urbanos.  Sin accesibilidad al espacio propiamente urbano, sin integración e identidad, y sin un tejido social vivo, los nuevos desarrollos de vivienda brotan y luego decaen como encierros pecuarios en medio del vacío, sin ciudad. Una cuarta parte de las viviendas vendidas a través de un crédito del INFONAVIT se encuentran abandonadas,  y 10 por ciento está en   avanzado deterioro, de acuerdo al Estudio Nacional de Vivienda Deshabitada publicado en diciembre del año pasado. Incluso, la delincuencia echa  raíces en ese espacio de incuria y degradación. Las viviendas valen menos que el crédito vigente. Se anticipa una crisis múltiple: hipotecaria, urbana, y social.
El abandono no sorprende, dado que  el costo del transporte a la ciudad es superior al pago de la hipoteca (con frecuencia, más del doble), además de la ínfima calidad de las viviendas y su entorno, de  la falta de servicios y de su mala ubicación. La lógica es impecable pero siniestra: el desarrollo de nuevas unidades habitacionales debe ser rentable, y las viviendas, deben ser accesibles para adquirientes de salarios bajos, lo que implica tierra barata, o sea, sin servicios y dislocada de la ciudad. Incluso, en el esquema vigente de consumidores cautivos de vivienda, muchos la compran sólo para ejercer su derecho en INFONAVIT, aunque no la ocupen. Tampoco nadie la quiere rentar. Prefieren habitar vivienda usada en zonas céntricas y accesibles.
De acuerdo al censo 2010 la población aumenta más de lo que pensábamos, a ritmos que evocan a países con menor desarrollo relativo. Algo falló, además de las proyecciones de los demógrafos: ausencia de política demográfica, una economía mediocre, pocos empleos para las mujeres, fecundidad aún alta y, población campesina que no encuentra suficientes polos de atracción en las ciudades. De cualquier forma,  la pirámide poblacional se achata en la base, se abulta en su parte media, y  se ensancha en la cúspide: menos niños relativamente, muchos jóvenes adultos, y cada vez más viejos. Las familias son más pequeñas, y las parejas  más fluidas y divisibles; los hogares se multiplican  con un menor número de integrantes. La clase media es mayoría, y tiene posibilidades y expectativas crecientes de consumo y calidad de vida. El censo 2010 apunta no a 130 millones de habitantes al 2050 (como creíamos), sino a 160 millones.
Todavía permanece en el medio rural cerca del 24% de la población, cifra muy alta que tendrá que irse abatiendo conforme avanza el desarrollo del país, tal vez, a menos del 10%. Para la tercera década del siglo, en México habrá casi 50 millones de hogares, y deberá de mantenerse o acrecentarse el ritmo  de un millón de viviendas construidas anualmente. Como vamos, sería suicida. ¿Qué hacer? ¿Cómo cambiar esta lógica? Discutámoslo en la próxima entrega.

FUKUSHIMA, ENCRUCIJADA ENERGÉTICA PARA MÉXICO

El desastre nuclear en la planta de Fukushima-Daiichi fue desatado por una de las peores catástrofes naturales que registra  la memoria humana, que coincidió con deficiencias de diseño en reactores con más de cuatro décadas de antigüedad, y con errores sorprendentes  en la celebrada técnica japonesa. Fue envuelto y precedido además por una atmósfera de opacidad y desconfianza hacia el operador: Tokyo Electric Power Company (TEPCO). Fukushima enseña que en la caprichosa ruleta de los riesgos, dado un tiempo suficiente, lo peor  ocurre antes o después. Acontecimientos de costo descomunal, aunque de probabilidad mínima,  no deben ser soslayados por el pragmatismo ingenieril  a la hora del diseño. Por cierto, algo para reflexionar sobre eventos catastróficos pero aparentemente poco probables que puede traer consigo el calentamiento global. 

La energía nuclear siempre ha sido estigmatizada por sus opositores, con razón, al no haber resuelto el problema de cómo disponer de manera segura los residuos radioactivos de vida muy larga. También, por los impactos ambientales asociados a la minería del uranio, por el costo alto e incierto de las plantas y la necesidad de cuantiosos subsidios y/o garantías gubernamentales, y porque al final, las reservas de uranio también son limitadas. Pero el flanco más débil de la energía nuclear han sido sus riesgos potencialmente catastróficos, ahora acreditados por Fukushima.

Si bien Fukushima no es Chernobyl, sí supera a Three Mile Island en la estela de calamidades que ha dejado. Entre ellas, irónicamente, menores márgenes de maniobra y de voluntad política para luchar contra el cambio climático en el mundo. La energía nuclear entraba en un renacimiento, con reactores más seguros y estandarizados, y según sus promotores, más baratos y de construcción más expedita. Venía ofreciendo energía de carga básica (base load) confiable y altos factores de planta (superiores al 95%) como soporte y transición asequible hacia una economía de bajo carbono nutrida por energías renovables, que, como sabemos, en gran medida son intermitentes. Requieren un cimiento permanente de generación eléctrica en que apoyarse. Si Fukushima descarrila a la energía nuclear, como parece al menos en occidente, sólo quedan el carbón y el gas natural para cumplir ese papel. El primero es el combustible fósil más contaminante y siniestro. Cientos de personas mueren al año en minas de tiro, y miles de hectáreas –  montañas enteras –  son arrasadas  para extraerlo en explotaciones a cielo abierto. Muchas personas más mueren por enfermedades respiratorias en condiciones atroces de calidad del aire por las emisiones de óxidos de azufre, partículas, óxidos de nitrógeno, y mercurio hiper-tóxico de plantas termoeléctricas alimentadas con carbón. La lluvia ácida que causan envenena lagos, ríos y bosques. Todo ello, curiosamente, sin que nadie se indigne demasiado.  El gas natural es más benigno y limpio; sus emisiones de gases de CO2 son la mitad del carbón, lo cual ofrece algún consuelo y un colchón de tiempo un poco más mullido. Ahora, sus depósitos más abundantes son del llamado shale gas o gas de lutitas (atrapado en antiguas rocas sedimentarias). Su explotación requiere fracturar la roca con agua a  grandes presiones; los riesgos de contaminación son considerables.  

Al inhibir el renacimiento de la energía nuclear como opción, Fukushima no sólo atrofiará  esfuerzos políticos internacionales contra el cambio climático, sino que podrá acelerar las emisiones de gases de efecto invernadero (por un mayor uso de carbón y gas), y acercar en el tiempo las consecuencias previsibles del calentamiento global.

La hidroelectricidad no tiene ya mucho espacio para crecer en México, y  no hay ni carbón, ni shale gas en volúmenes significativos. Descartando a la energía nuclear, habrá que importarlos en buena medida en un horizonte de largo plazo, y apostar decididamente por energías renovables.  Sin embargo, la construcción de una matriz energética con un alto componente de fuentes renovables tendrá una onerosa contraparte. Más aún, cuando se anticipa una mayor demanda de electricidad por el advenimiento de los vehículos eléctricos, y, deseablemente a largo plazo, de medios de transporte colectivo en forma de ferrocarriles suburbanos e inter-urbanos de alta velocidad. Ante Fukushima, el monopolio eléctrico mexicano y los subsidios colosales al consumo de electricidad hacen mucho más compleja esta encrucijada.

AGUA: LA ALDF vs LA CIUDAD DE MÉXICO

Fue un error de la transición democrática en la ciudad de México otorgarle facultades excesivas a la Asamblea Legislativa (ALDF), especialmente en materias técnicas, regulatorias y administrativas que deben ser potestad del gobierno central del Distrito Federal. La dispersión de atribuciones en la ALDF y en las delegaciones paraliza y fragmenta a la ciudad en una crisis de gobernanza, diluye las responsabilidades y obscurece la rendición de cuentas. Más aún, los diputados a la ALDF (y los delegados) no se pueden reelegir, y no se deben a sus electores sino a las burocracias partidarias que los ungen, y de quienes depende  el salto a una nueva posición al final de su mandato. Es una verdadera kakistocracia, el gobierno de los peores. Hoy, ésta,  desde la ALDF se ocupa de sabotear una de las iniciativas de reforma institucional más valiosas de los últimos lustros: la reforma del sistema de aguas de la ciudad de México, que ha sido presentada por el Jefe de Gobierno.

El sistema de aguas del DF es un aparato burocrático, atenazado por intereses sindicales, y profundas ineficiencias estructurales. De hecho, estudios comparativos recientes con otras ciudades de México, lo ubican entre los más rezagados, muy lejos de metrópolis líderes en el tema como Monterrey, Saltillo, Aguascalientes, León y Tijuana. Sus problemas son enormes en calidad del servicio, falta de tratamiento de aguas residuales, micro-medición, y eficiencia física y comercial. Sus resultados de operación (ingresos propios menos gastos operativos) conllevan un enorme subsidio, además de finanzas desfondadas que impiden inversiones en nueva infraestructura. Carece de autonomía y autosuficiencia, y las tarifas son fijadas por la ALDF con criterios políticos.  La iniciativa presentada por el Jefe de Gobierno del DF apunta a resolver tales patologías, pero nuestros  diputados se oponen; temen perder capacidades de extorsión y extracción de rentas, así como la bendición ideológica de su Mesías. 

Una buena gestión del agua, en línea con la iniciativa del GDF implica crear un organismo operador constituido como empresa pública moderna, con personalidad jurídica propia, autonomía y autosuficiencia financiera, con cuadros técnicos y administrativos profesionales y ajenos a caprichos y volatilidades electorales. Requiere gobierno corporativo transparente y rendición de cuentas, dotado de un consejo de administración o junta de gobierno plural, con consejeros independientes y profesionales, y representación de los usuarios. 

Los precios o tarifas del agua juegan un papel vital como  incentivos poderosos  tanto para los consumidores como para la propia empresa u organismo operador. El imperativo mayor es el pago, por parte de los usuarios,  de tarifas o precios flexibles que se acerquen a los costos marginales de suministro, incluyendo el drenaje y el tratamiento de las aguas residuales, y el reflejo en las propias tarifas de los costos de oportunidad del agua, la recuperación de inversiones y de los costos operativos en todo el ciclo del servicio público (suministro, alcantarillado y drenaje, y tratamiento). Los precios y tarifas deben ser fijados por el propio organismo operador a través de su consejo de administración, y no en el ambiente de politización y oportunismo de corto plazo que con frecuencia existe en la ALDF. En el caso de otorgarse subsidios, éstos deben ser  transparentes, equitativos y focalizados en sectores sociales de alta marginación y bajos ingresos, y no en las tarifas mismas, sino a través de vales o vouchers redimibles ante el organismo operador (como sucede en Chile).

Un principio cardinal en la gestión eficiente del agua es la no ideologización  La existencia de una empresa pública de aguas como la delineada en la iniciativa del GDF, permitiría establecer alianzas transparentes con empresas privadas capaces de ofrecer tecnología de punta y habilidades gerenciales indispensables para un buen servicio a la población, incluyendo rehabilitación de redes y minimización de fugas, micro-medición, facturación, cobranza, y tratamiento y re-uso de aguas residuales.

La ciudad de México no puede darse el lujo de perder la valiosísima oportunidad que le brinda la iniciativa del GDF en materia de aguas. Ceder a la obcecación interesada de nuestros diputados en la ALDF sería un retroceso deprimente, y prueba lamentable de nuestra incapacidad de cambio.